La Suprema Corte determinó ayer por mayoría de votos que familiares de una víctima de un delito cometido por un militar tienen legitimidad para interponer un recurso de amparo para que éste no sea juzgado por la justicia castrense, sino ante un juez ordinario.

Este otorgamiento del amparo aún está pendiente de resolver por parte de los ministros.

Al continuar con el desahogo de recursos relacionados con el fuero militar y la comisión de delitos cometidos contra civiles, el pleno de la Corte desahogó ayer un amparo solicitado para que un juez militar se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal 581/2009, seguida en contra de un militar por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo.

Se trata del homicidio de una persona en un retén en Guerrero, ocurrido en el 2009.

En la Corte han argumentado que los deudos de la víctima tienen interés jurídico para impugnar una decisión de un juez militar, quien se declaró competente para conocer de la causa penal de este caso, por considerar que tienen carácter de ofendidos.

Además, porque cuando los tribunales militares conocen de los delitos cometidos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no sólo respecto del imputado (un militar), sino también sobre la víctima que es civil, quien tiene el derecho de participar en el proceso penal para la respectiva reparación del daño y hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

En este caso en particular no sólo se impugna la resolución hacia el inculpado, sino el conocimiento de un asunto ante la justicia militar cuando se alega que una autoridad civil debió conocer del expediente. En la sesión de hoy seguirá el análisis de este caso y respecto de la determinación de si se otorga dicho amparo.

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