La Auditoría Superior de la Federación (ASF)se alista para entregar la primera fiscalización realizada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, llega con retrasos y grandes pendientes en su desempeño, advierten expertos en materia anticorrupción.

Al presentar el informe “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”, de la organización México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, se documentó que los primeros resultados de la Cuenta Pública de 2019 -a entregarse este viernes- se contemplan 29% menos auditorías que el año pasado.

Se expuso que tras esta reducción, plasmada en el Plan Anual de Auditorías de la ASF y el cual se modifica constantemente, no se hicieron públicas las razones del cambio, además de que los diputados no exigen rendición de cuentas.

Cabe destacar que esta fiscalización debería ser la segunda realizada a la Cuenta Pública de 2019, pero en los hechos, será la primera, debido a que se pospuso la presentación de un informe previo ante la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.  

El documento también muestra que el desempeño de la ASF cuenta con grandes pendientes, ya que hasta el momento, 90% de las presuntas irregularidades detectadas no se confirmaron o están en seguimiento.

Al tiempo que se señaló que 1 de cada 4 auditorías (339), a esta cuenta pública se harán al gobierno federal y sólo 3% serán auditorías forenses, las cuales no se aplicarán a proyectos prioritarios del gobierno como el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, El programa La Escuela es Nuestra, ni a la adquisición de medicinas y material médico.

“Con la decisión de no hacer auditorías forenses para el NAICM y para los proyectos prioritarios de AMLO, la ASF se hace de la vista gorda. Así, nos quedamos sin posibilidades de detectar y desarticular redes de corrupción”, comentó Marco Antonio Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa.

Mientras que en el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y a pesar de los montos involucrados y de las acusaciones sobre irregularidades, la ASF optó por realizar una auditoría de desempeño y no una forense, la cual permitiría detectar casos de corrupción y responsables por daños patrimoniales.

Aunque, se señaló que esta práctica se ha observado en otras cuentas públicas, como con el caso Fertinal para 2015 y 2016, ocasionando que las acciones de la ASF derivaran en impunidad para la red de corrupción que operó al más alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El estudio también señala que de 1998 a 2017 se presentaron 1,004 denuncias, de las cuales sólo 22 (2.2%) han causado sentencia, sin que se conozca si las sentencias confirmaron los delitos denunciados por la ASF.

En cuanto a las acciones —recomendaciones, responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales— determinadas para las cuentas públicas de 2016, 2017 y 2018, el documento señala que una de cada cinco auditorías practicadas (1,169) concluyeron sin acciones.

En el caso de las auditorías al rubro de gasto de fondos, aportaciones y participaciones federales, una de cada cuatro concluyó sin observaciones. Este hallazgo trae a cuenta uno de los grandes retos de la fiscalización: la revisión a las entidades federativas, municipios, así como poderes y órganos autónomos locales.

Mientras que, en lo relacionado con la recuperación de recursos, entre 2000 y 2018, la ASF determinó probables afectaciones al erario por más de 2 billones de pesos, con 89% que no se han confirmado, por lo que sólo 11 de cada 100 pesos de las afectaciones son recuperados para las arcas del Estado mexicano.

Entre otros de los hallazgos, se identificó que la información de la ASF llega tarde a los legisladores, pues el 48% de los informes de la Cuenta Pública 2018 llegaron a la Cámara de Diputados hasta febrero de 2020.

“Estos retrasos ocasionan que la información resulte poco oportuna para que los legisladores tomen mejores decisiones”, se dijo.

“No hay combate a la corrupción serio sin fiscalización efectiva. Por eso la ASF es una de las instituciones en las que recaen las mayores expectativas. Debemos de exigirle más para que ocupe el lugar que está llamada a desempeñar en el Sistema Nacional Anticorrupción”, expresó durante la presentación, Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Asimismo, se dijo que los retrasos a las fiscalizaciones por la pandemia de Coronavirus, se  suma a los desafíos estructurales, ya existentes en la ASF, para fiscalizar el gasto federalizado y las participaciones federales, pues un elemento objetivo para mostrar los pendientes en el fortalecimiento de la fiscalización superior en México es el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados a la ASF.

“En suma, desde 2009 hasta 2019, ha prevalecido la subinversión en la fiscalización superior. Los legisladores, además de no considerar los informes de auditoría para desempeñar sus funciones, no han fortalecido a su órgano técnico de fiscalización con asignaciones presupuestales suficientes. A cambio de recursos, la apuesta del legislador se centró en crear un entorno de coordinación con entidades de fiscalización estatales, organismos perjudicados también por la subinversión de los presupuestos estatales, para la fiscalización de los recursos estatales y municipales”, advirtió el informe.

Marco Antonio Fernández, creador del informe, también realizó diversas recomendación para fortalecer a la ASF, entre ellas, que es necesario mejorar el enfoque de las auditorías de acuerdo al ámbito o programa a revisar;  fortalecer el servicio profesional de fiscalización para tener resultado efectivos, además de mejorar la eficacia para recuperar los recursos.

Finalmente, se expresó que en fecha reciente, el titular de la ASF ha declarado que la fiscalización superior requiere de dos reformas que permitieran la continuidad de las actividades y operación de las dependencias durante la pandemia; la primera de ellas para impulsar un cambio constitucional que habilite las auditorías en tiempo real, y la segunda, en el contexto de la pandemia de COVID-19, una reforma a la Ley de Fiscalización para incorporar las auditorías electrónicas como parte de los ejercicios de fiscalización.

Ello debido a que en el caso de las auditorías en tiempo real no pueden realizarse de manera oficiosa por la ASF y deben estar soportadas, previo a la autorización del auditor superior, en una denuncia.

Mientras que en lo que concierne a la propuesta para implementar auditorías electrónicas, se advirtió que éstas hubieran facilitado a la ASF la ejecución de auditorías para cumplir con la primera entrega de informes individuales de la CP 2019 durante la pandemia.

kg