Los colectivos #FiscalíaqueSirva y #Vamospormás exigieron a ambas cámaras del Congreso de la Unión que no se pospongan más las reformas de la Fiscalía General de la República y que el trabajo se lleve a cabo en este periodo de sesiones y antes de la elección del primero de julio del 2018.

A través de un pronunciamiento, los integrantes del colectivo recordaron que la propuesta de revisar el diseño de la Fiscalía se hizo desde el 29 de agosto e hicieron énfasis en la revisión del artículo 102, que regula los métodos de designación y remoción de los fiscales federales, así como el diseño básico de operación de la Fiscalía General. un tema que hace dos meses diversas fuerzas políticas se comprometieron a impulsar.

Señalaron que una “grave crisis de violaciones a derechos humanos, corrupción e impunidad que enfrenta nuestro país es en buena medida por el estado en que se encuentra la PGR”, e indicaron que los nombramientos y destituciones que en las últimas semanas ha visto el sistema de justicia son un síntoma de la manera en que éste opera.

“El apresurado nombramiento de Raúl Cervantes como procurador y la remoción del titular de la Fepade, decidida unilateralmente por el subprocurador encargado del despacho, son hechos que muestran el control del Ejecutivo federal sobre los procesos de nombramiento y remoción de las altas autoridades encargadas de la procuración de justicia, en contravención de las mejores prácticas y estándares internacionales y hacen más pertinente que nunca iniciar el debate legislativo encaminado a construir la Fiscalía General de la República que el país necesita”, enfatizaron.

Por su parte, María Amparo Casar, analista política, dijo en entrevista que a su parecer el tema del exfiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, sí mete rispidez en el sistema político, pero eso no es excusa para no resolver los nombramientos del fiscal general, del Anticorrupción y, de así decidirlo el Senado, de un fiscal electoral.

Recordó, además, que en el 2015 se presentó el posible cese de Santiago Nieto por revelar información en el caso de Arturo Escobar —acusado de haber firmado presuntamente un contrato para distribuir tarjetas de descuento durante las elecciones— y que en aquel entonces el caso se resolvió con tolerancia a la actuación del fiscal.

Por otra parte, dijo que el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) y las motivaciones que llevaron a la remoción de Nieto muestran ambigüedad y poco rigor de parte de la dependencia de la que ahora está encargado Alberto Elías Beltrán.

“Paradójicamente se está acusando de violación al doctor Santiago Nieto, de violación al debido proceso, cuando la PGR no tuvo ni siquiera el cuidado de dar las razones fundadas y motivadas para su remoción”, explicó.

Recordó que en el primer boletín de la dependencia, donde se informó del cese de Nieto, se argumentan “faltas al código de conducta” sin ahondar cuál es la falta, luego Elías Beltrán dijo en entrevistas que fue una violación al debido proceso y más tarde —en la carta enviada al Senado— formuló que el fiscal electoral salió de la dependencia “por violar la estricta reserva sobre investigaciones en curso”.