La política migratoria en nuestro país debe transformarse con un enfoque de seguridad ciudadana y no de seguridad nacional, ya que mantener a los migrantes en la frontera o detenidos en las estancias migratorias genera una crisis, es costoso y viola sus derechos humanos, coincidieron defensores de derechos fundamentales.

Como estaba previsto, este fin de semana miles de migrantes integrantes de la llamada caravana 2020 intentaron ingresar a México por la frontera con Guatemala con el propósito de llegar a Estados Unidos, por lo que elementos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) les cerraron el paso al tiempo que les ofrecieron regular su estancia y buscar empleo en nuestro país.

“Nos preocupa la violación a los derechos humanos (de los migrantes) durante sus encuentros con la Guardia Nacional o el tipo de interacciones que podrían tener con los agentes migratorios, sobre todo por una aplicación de la ley sin discriminación, al tomar en cuenta los perfiles raciales”, dijo Ana Saiz Valenzuela, directora de la organización civil Sin Fronteras.

La activista expresó que una de las grandes preocupaciones de las organizaciones sociales es el hacinamiento que existe en las estaciones migratorias, lo que viola los pactos mundiales y sobre todo los derechos humanos de los migrantes, en especial de niñas, niños y jóvenes.

Dijo que se ha insistido al gobierno mexicano que, sobre todo, la detención en el caso de niños, niñas y adolescentes es violatoria a la ley de protección de los menores y los tratados internacionales: “ellos no deben estar privados de la libertad; ni los acompañados, ni los que no están acompañados”.

Agregó que la primera preocupación es tratar las situaciones migratorias de las personas, porque lo “que genera la crisis es cuando el gobierno insiste en detenerlos en las fronteras (...) se debe tratar de darle a la gente una estancia regular en México y que pueda moverse por el territorio nacional”.

Por su parte, Alejandro Solalinde, padre y activista defensor de los derechos de los migrantes, consideró que la llegada de esta nueva caravana es una clara señal de que en los países de origen poco se han modificado las causas que detonan la migración.

Además, indicó, la entrada de esta caravana tiene “una mano organizadora, financiadora, con un sabor geopolítico. Es verdad que los hermanos migrantes tienen derecho (a migrar), pero también es verdad que México está pasando por una situación especial y tiene derecho a tomar prevenciones contra una posible acción geopolítica”, agregó.

Reconoció que el gobierno tiene el reto de afrontar la situación de los centros migratorios del sur de la mejor manera, siempre respetando los derechos humanos, con lo que también se evitaría agravar la situación en la frontera norte.

“No creo que convenga que los hacinen, lo que creo es que el gobierno tiene el reto de ofrecerles una movilización inmediata a algunos de los estados (...) tiene que buscar creativamente la forma alterna a la deportación, es decir, ofrecerles todo para que ellos estén bien”.

A su parecer, la política migratoria debe contar con la participación de académicos, albergues y defensores con el fin de reformar la actuación del INM.

“Se busca hacer una verdadera política pública migratoria, que dé respuesta a todas las eventualidades que estamos teniendo”, expresó.

Salud e información

A través de un informe especial, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que los retos que enfrenta la ciudad de Tapachula, Chiapas, paso histórico de migrantes, son proveer atención médica y el acceso a información sobre los procesos de regularización y asilo.

En cuanto a las necesidades de salud, en el caso de los extrarregionales —de países fuera del continente—, el informe señaló la preocupación que hay, dado que muchos niños y niñas menores de 5 años padecían diarreas, deshidratación y malestares estomacales.

Mientras que en las personas migrantes centroamericanas se detectó que 77% había sufrido de trastornos emocionales relacionados con estrés y ansiedad en el último año, además de que las personas migrantes reconocen que la razón de esta situación es generada por la incertidumbre de realizar un proyecto migratorio no planificado y por la situación que se vive en sus países de origen.

La OIM alertó que los retos institucionales y de gobernanza que enfrenta el municipio de Tapachula reflejan la necesidad de contar con herramientas que ayuden a promover reformas, donde se observe y se tomen en cuenta los derechos de todos los migrantes y habitantes de las comunidades receptoras.

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