El Congreso de la Unión ha dado entrada a por lo menos dos iniciativas ciudadanas, presentadas por la sociedad civil, pero que no han tenido eco entre los legisladores federales.

Pendientes de aprobarse en el Poder Legislativo se encuentran el proyecto de decreto que plantea reformar el Artículo 6 de la Constitución para crear la ley para garantizar el acceso libre a internet, así como un proyecto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales para regular la segunda vuelta electoral y la revocación del mandato.

Presentada el 7 de marzo del 2013 es decir, hace tres años-, la iniciativa de cambios al Artículo 6 de la carta magna propone que el Estado mexicano garantice el acceso libre a la red pública de telecomunicaciones, mediante instalaciones y tecnologías necesarias para garantizar la conectividad libre y adecuada.

Días antes, representantes del colectivo que impulsa la iniciativa ciudadana Libre Internet Para Todos entregaron más de 127,000 firmas ante la Junta de Coordinación Política, según información del Senado.

Dicha iniciativa fue presentada por el órgano de gobierno de la Cámara Alta (la Mesa Directiva), como ordena la reglamentación, y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera. Desde ese mismo 7 de marzo sigue pendiente de dictaminar en este recinto, de acuerdo con datos que arroja el Sistema de Información Legislativa (SIL), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Una segunda iniciativa ciudadana fue presentada el 29 de septiembre del 2014, también ante la Cámara de Senadores, un proyecto con cambios constitucionales para implementar las figuras de segunda vuelta electoral y revocación de mandato.

El proyecto se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Primera. Aún está a la espera de que sea dictaminada por lo senadores. Esta iniciativa contó con 227,130 firmas de ciudadanos.

Al iniciar esta semana, organizaciones informaron que en breve estarían presentado la iniciativa ciudadana que obligaría por ley a la presentación de declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, conocida como Ley 3de3.

Las ONG han destacado que se trata de la primera iniciativa ciudadana tras la reforma política que dio lugar a las candidaturas independientes.