El Gobierno de México reconoció que 40,000 personas están desaparecidas en el país, que hay 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses y por lo menos existen 1,100 fosas clandestinas.

Cabe mencionar que el anterior gobierno cerró con una cifra de 37,000 personas desaparecidas, según informó el 9 de octubre del 2018 el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. “El registro arrojó datos paradójicos, 37,485 (desaparecidos) y seguramente es mucho más grande el número de personas desaparecidas, pero teníamos que basarnos en datos oficiales, que es lo que existe, y hacer un registro nacional. De ellos se pudieron desprender 26,000 registros completos; 16,000 de estos registros se tenían con huellas dactilares y fotos”, dijo Navarrete entonces.

Ayer, durante la conferencia matutina de gobierno en Palacio Nacional, en la que se presentó el Plan Nacional de Búsqueda, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que éste es resultado de un diálogo con organizaciones sociales y con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Tras dar las cifras ya mencionadas, Encinas dijo que “eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar”.

“Hemos venido elaborando, en coordinación con las organizaciones internacionales y con las organizaciones de las víctimas, los protocolos de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, para la búsqueda, la exhumación, la identificación y desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el territorio del país, que lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina”, aseveró.

Encinas Rodríguez expuso que el gobierno busca la implementación real de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y crear el Sistema Nacional De Búsqueda. Asimismo, lograr la verdadera reparación del daño en estos casos, que es la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables.

Recordó que el Sistema Nacional de Búsqueda está integrado por 42 personas, representantes de distintas instituciones, y señaló que en el anterior gobierno hubo una simulación porque se instalaron tanto el sistema como el plan, “que no fue consultado con nadie”.

Detalló que se creará apoyado por organismos como la Cruz Roja y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Encinas consideró que un reto será la conformación de las comisiones locales, ya que a la fecha sólo hay ocho (Coahuila, Edomex, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro).

Indicó que en el 2018 se asignaron 468 millones 946,000 pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solamente ejercieron 6 millones de pesos. Puntualizó que para este año se han asignado 400 millones de pesos, los cuales “se ejercerán plenamente”.

Adicionalmente, se trabaja con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se puedan utilizar los 7,500 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense.

Aclaró que no se comprarán equipos nuevos, porque hay suficientes, y que sólo se requiere coordinar la información que se tiene respecto de la desaparición forzada en hospitales, psiquiátricos, DIF, centros contra adicciones, sistema penitenciario, albergues públicos y privados, así como panteones.

El gobierno indicó que habrá una política de tratamiento a las personas migrantes en México, porque se estima que entre 8 y 10% de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Para ello se diseñarán protocolos de actuación junto con las instituciones responsables de la seguridad pública para atender, en particular, las rutas donde se presentan con mayor incidencia estos delitos, destacando, por supuesto, la ruta que va de Chiapas, cruza por Oaxaca y posteriormente el estado de Veracruz y Tamaulipas, lo cual no significa que en otros lugares no se presenten situaciones de riesgo”, refirió el funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó: “Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que humanamente sea posible. No van a faltar recursos”.

jmonroy@eleconomista.com.mx