En los casi cuatro años que tiene de operación, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción (FEIHC) de Sonora ha iniciado 710 expedientes, de los cuales ha resuelto 50%, logrando procesar a 115 personas, entre ellas a siete exsecretarios de estado, 15 directores generales y dos expresidentes municipales, detalló Ricardo Espinoza Valdez.

En entrevista, el titular de la FEIHC explicó que en ese mismo tiempo se recuperaron 39 millones 674,012 pesos entre bienes muebles e inmuebles, así como 79 millones 381,516 pesos en fianzas que han pagado los indiciados para llevar su proceso en libertad.

De acuerdo con el reporte de la fiscalía, hasta el 9 de julio pasado, desde la entrada en operación de la FEIHC se ha logrado desarticular tres redes de corrupción dedicadas principalmente a la venta de plazas en la Secretaría de Educación y Cultura, así como en agencias fiscales y el Registro Civil. Los delitos más investigados fueron: peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, así como abuso de autoridad.

Espinoza Valdez explicó que los 328 casos resueltos no significan que los presuntos implicados fueran llevados ante la justicia, porque incluso algunos casos se trataba sólo de “chismes y rumores”. Sin embargo, en este tiempo sí se logró procesar a siete exsecretarios de estado, 15 directores generales y dos expresidentes municipales.

Algunos de los que han sido procesados son el exalcalde de San Javier, Hilario Valeriano Mendoza Agüero, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, y fue condenado a dos años de prisión e inhabilitación para desempeñar algún cargo público por el mismo periodo, y dos funcionarias públicas de la actual administración, a quienes se les comprobó haber cometido el delito de robo cometido en oficina de la Agencia Fiscal en Ciudad Obregón.

Ha habido desinterés por impulsar lucha anticorrupción

Espinoza Valdez mencionó que, pese a que Sonora fue el primer estado en contar con su fiscalía especializada anticorrupción, ha prevalecido cierto desinterés de actores gubernamentales para impulsar el combate contra ese problema.

“Hemos tenido un desinterés del Congreso del estado. Estamos sobrediagnosticados en el tema de corrupción, pero necesitamos mesas de trabajo reales donde se cristalicen las necesidades que tenemos. Es necesario que nos sentemos a arrastrar el lápiz para definir qué modificaciones legislativas se tienen que hacer, porque aún hay leyes que provocan esquemas para que pueda haber corrupción”, aseguró.

Dijo que actualmente el Sistema Estatal Anticorrupción ya está consolidándose, por lo que el siguiente paso es comenzar a dar resultados de manera conjunta, porque al final son un sistema.

En ese sentido, planteó que urge que se establezca una política nacional y estatal anticorrupción, para así ir definiendo los indicadores para saber que está funcionando el sistema.

Detalló que la agenda de Sonora camina paralelamente a la agenda del presidente López Obrador, pues para ambos es una prioridad el combate a la corrupción.

“Vamos a la par de la política nacional que se está implementando de persecución penal. Estamos teniendo entendimiento de los temas”, agregó.

Urge dar autonomía a fiscalías anticorrupción

El también presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción afirmó que buscan una reforma constitucional que garantice autonomía a todos los fiscales del país, pues hoy sólo tres gozan de ella: Morelos, Campeche y Durango. Los demás dependen de la fiscalía general del estado.

Planteó que incluso hay algunos fiscales que sufren por recursos económicos, como el de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas, a quien no le quieren ni autorizar viáticos para trasladarse por el mismo estado o para acudir a reuniones a Ciudad de México con sus homólogos. O está el caso de Morelos, donde el gobernador entrante, Cuauhtémoc Blanco, pidió la destitución del fiscal general y del fiscal anticorrupción, dijo.

“(Con) la magnitud del problema de corrupción y de los procedimientos de carácter penal, se tiene que tomar con esa misma magnitud la posibilidad de construir una institución anticorrupción grande y fortalecida, con fiscalías fuertes y que tengan las herramientas necesarias. Lo que pedimos es que seamos constitucionalmente autónomos, que no dependamos de ningún ente ni de la fiscalía general del estado, para así poder tener más libertad en nuestra operatividad”, expresó.

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