Jueces, magistrados y funcionarios jurisdiccionales de los niveles federal y de las entidades del país deberán poner a disposición de la población y actualizar “las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias” que emitan.

Así lo ordena la enmienda a la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por la Cámara de Diputados en forma unánime por 413 votos. El dictamen se remitió al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación o modificación correspondiente.

La fracción del citado artículo vigente, que fue reformada por los diputados federales, establece que, entre otra información, los sujetos obligados de los poderes Judicial y Federal y de las entidades federativas deberán poner a disposición “las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público”.

El cambio se realizó a partir de la iniciativa promovida, desde abril pasado, por legisladoras de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, PRI y Morena, en atención a los resultados del trabajo de investigación y seguimiento realizado por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, en relación con el derecho a la información y las sentencias que se emiten en el Poder Judicial.

De acuerdo con la exposición de motivos del dictamen, la transparencia judicial resulta esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan la evaluación y ofrecer recomendaciones, con base en la experiencia ciudadana, que mejoren el trabajo de las instituciones impartidoras de justicia.

La entrada en vigor, en mayo del 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública representó un retroceso legislativo contrario al principio de progresividad del derecho a la información y máxima publicidad, porque redujo la obligación existente de publicar todas las “sentencias que hayan causado”, a únicamente las que el propio Poder Judicial considere de interés público, concepto que no se definió de manera clara, se lee en el documento.

En la práctica, según un informe que está por publicar la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, el concepto de interés público en la publicación de sentencias ha generado mayor opacidad judicial porque cada tribunal interpreta de manera diferenciada y restrictiva su significado, agrega el dictamen del Congreso.

Cita como ejemplo de ello a los poderes judiciales de Zacatecas y Campeche que, en respuesta a solicitudes de información, declararon no haber publicado una sola sentencia durante dos años, porque no han “detectado” nada que resulte de interés para la sociedad.

Al presentar el proyecto en tribuna, el diputado del PT, José Luis Montalvo Luna, dijo que la transparencia fortalecerá al Poder Judicial.

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