Durante el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobernadores que estuvieron del 2012 al 2018, fueron perpetradas detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias derivadas de un uso letal de la fuerza pública, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, intimidación, en búsqueda de frenar el ejercicio de la protesta social, de acuerdo con 11 organizaciones civiles y colectivos sociales.

Integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social expusieron a través de un informe sobre el sexenio que concluyó el 1 de diciembre pasado 175 casos de violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta social, los cuales se fueron incrementando, lo que arrojó en promedio “un acto represivo a la semana en los últimos dos años y medio”.

Según el diagnóstico, durante el gobierno anterior se contabilizaron en al menos 15 entidades federativas estos hechos luego de que se aprobaran legislaciones restrictivas a la libertad de expresión y la protesta social, algunas de ellas son: “obligación de dar aviso o solicitar autorización previa, sin considerar manifestaciones espontáneas, la restricción de vialidades o espacios públicos para manifestarse”.

Además de adecuarse la inapropiada regulación sobre armas y el otorgamiento de facultades amplias y discrecionales para el uso de la fuerza, sin controles adecuados para privilegiar el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas.

Incremento en carpetas de investigación

Es sorprendente el contraste que tomó el combate a la incidencia delictiva y el crimen organizado en el país, debido a que las carpetas de investigación registradas de enero a octubre del 2018, comparado con el mismo periodo del 2017, incrementaron 16.02% en homicidios dolosos, 2.89% en extorsión y 31.61% en narcomenudeo, consideró el “Reporte sobre delitos de alto impacto” del Observatorio Nacional Ciudadano.

En su documento del mes de noviembre, el organismo al frente de Francisco Rivas también mostró preocupación por la aprobación del Senado de la República de la ampliación del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa.

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