La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto multas, desde el pasado 1 de diciembre a la fecha, por más de 700 millones de pesos a funcionarios públicos por irregularidades en sus funciones, dijo la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“A la fecha se han iniciado miles de procedimientos de responsabilidades administrativas, cientos de inhabilitaciones de funcionarios que abarcan desde nivel operativo, que hemos tratado, por cierto, de que sean los menos hasta los rangos de directores generales y titulares, ya decía, de destacadas empresas productivas del Estado.

“Hemos aplicado asimismo cientos de multas económicas que suman montos superiores a 700 millones de pesos y se encuentra en trámite media centena más”, precisó la funcionaria durante la inauguración de un seminario organizado por la SFP y la Embajada de Francia sobre deontología este jueves.

La secretaria de Estado mencionó que a poco más de seis meses de que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador se han generado sanciones sobre actores de casos emblemáticos de corrupción como la empresa de origen brasileño Odebrecht.

“Reabrimos el caso de la Estafa Maestra, impusimos multas resarcitorias millonarias por el caso Fertinal y algunos otros casos emblemáticos de la corrupción en el sector energético; inhabilitamos por 10 y 15 años a los dos más altos funcionarios directivos de Pemex durante la pasada administración”, apuntó.

Eréndira Sandoval sostuvo que además se ha impulsado desde la Función Pública mejoras al formato de declaraciones patrimoniales a través del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En este sentido, cabe recordar que los nuevos formatos de declaraciones habían sido aprobados anteriormente por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, sin embargo a principios de este 2019, en una reunión del Comité Coordinador del Sistema se decidió volver a hacerlos debido a que la SFP criticó que los formatos no eran funcionales.

Con el retraso de los formatos, que se pretenden estén listos hasta el próximo mes de diciembre, también se retrasó la estipulación de que todos los funcionarios públicos de cualquier rango entreguen sus declaraciones patrimoniales.

En este tenor, la titular de la SFP manifestó que derivado de las declaraciones patrimoniales se han abierto diversas investigaciones sobre posibles conflictos de intereses.

“Estamos substanciando más de 100 expedientes de responsabilidades administrativas, asimismo cientos de expedientes de verificación patrimonial, y en estos seis meses la Secretaría de la Función Pública ha avanzado con ese paso firme”, comentó.

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