El anuncio del INE hace unos días del presupuesto que se asignará a partidos políticos y candidatos independientes para el 2018 causó controversia en la opinión pública debido al monto: 6,788 millones 900,016 pesos sólo de recursos federales. A la cifra hay que agregar las prerrogativas por entidad federativa.

Y no faltó razón a quienes se escandalizaron: se trata del presupuesto más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política , aseguró el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. En respuesta a los inconformes, Córdova sugirió que, al finalizar el periodo de elecciones del 2018, se inicie una discusión nacional que atienda a lo que calificó como legítimo reclamo de la sociedad para disminuir el financiamiento a los partidos políticos.

Ante las protestas por la suma millonaria que se aprobó en el Proyecto de Financiamiento Público a los partidos por parte del Consejo General del árbitro electoral, Lorenzo Córdova replicó que la institución que encabeza no decidió arbitrariamente el monto otorgado, sino que lo asignó de acuerdo con una fórmula de cálculo descrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente, en la Ley General de Partidos Políticos.

César Camacho Quiróz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, salió en defensa del presupuesto asignado por el INE y repartió la responsabilidad entre todos los partidos, pues afirmó que la asignación de recursos se hizo con base en la ley, de modo que ésta no es una cifra caprichosa, sino con base en normas que nos dimos todos .

Los declarantes citados coinciden en que la legalidad ampara la multimillonaria asignación de recursos a los partidos para el 2018, invocando ambos la ley que regula el cálculo para el financiamiento público. La Ley General de Partidos Políticos, en su Título Quinto, Capítulo I, señala paso a paso cómo debe hacerse el cómputo de la partida que tendrá como destino la subvención a los partidos y candidatos independientes para el periodo 2018, tanto a escala federal como local. La fórmula contempla dos variables:
 


  1. El número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal para los partidos nacionales, o local para los partidos locales, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año.

  2. El monto del salario mínimo vigente en el Distrito Federal para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales.



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Conociendo el valor de ambas variables, lo que sigue es multiplicar el número total de los inscritos en el padrón por el 65% del monto del salario mínimo.

Como se puede ver, los consejeros electorales poco o nada tuvieron que ver en la fijación de la enorme cantidad de recursos asignada a los partidos políticos.

El proyecto será integrado en el plan del Paquete Económico 2018 para su futura revisión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados, a partir de septiembre próximo.

Bienvenidos al año electoral.

luis.martinez@eleconomista.mx