Colombia aprendió que no brindar protección a un alcalde amenazado significa un riesgo de Estado, afirmó Julián Arévalo Bencardino, investigador de la Universidad Externado de Colombia.

Entrevistado por El Economista, explicó que en ese país sudamericano 358 alcaldes y 389 consejales han sido secuestrados en los últimos 50 años, mientras que 175 alcaldes y 543 consejales han sido asesinados en los últimos 30 años por parte de grupos armados en Colombia, que buscan incidir con ello en las decisiones de gobierno.

Hemos tenido casos de algunos municipios, de ciertos departamentos del país, donde los alcaldes han tenido que ir a gobernar desde las ciudades capitales en lugar de gobernar desde sus municipios, justamente por la vulnerabilidad que presentan y la incapacidad de poder brindarles una seguridad adecuada .

Aseveró que la violencia contra los alcaldes en Colombia proviene de los grupos guerrilleros que pretenden incidir en los gobiernos y su toma de decisiones, lo cual implica un riesgo para cualquier Estado, incluido el mexicano.

Acá en Colombia tuvimos una situación de violencia muy desafortunada en términos de violencia política y que pone a este tipo de personajes justamente en la mira de los grupos armados ilegales. La experiencia del país que nos ha dejado es la necesidad de separar política y armas, cuando se mezclan política y armas, nunca ha terminado bien , dijo el experto.

Julián Arévalo, quien también es integrante de la Comisión de Paz del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que en su país ya existe un protocolo de seguridad, similar al que se busca implementar en México, el cual funciona de la siguiente manera:

Tenemos una agencia, que es la Unidad Nacional de Protección, que hace una evaluación del riesgo para tomar medidas no sólo con los alcaldes, sino con cualquier ciudadano, periodista, gobernador, líder social, gobernante, cualquier persona que por razones asociadas a su actividad manifieste algún tipo de riesgo. Esto se detecta a partir de las amenazas que está recibiendo, su comportamiento, obviamente información de inteligencia, pero lo que estamos diciendo (es) que se hacen esos estudios de seguridad y a partir de ahí se determinan las medidas respectivas .

En el caso de México, las organizaciones municipalistas y la Comisión Nacional de Seguridad avanzan en un mecanismo operado desde un comité de la Secretaria de Gobernación para elaborar el mapa de riesgo de los alcaldes.

Julián Arévalo, quien es asesor del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, explicó que en ese país la violencia contra los alcaldes provino de los grupos guerrilleros, como las FARC, con quienes el Estado colombiano tiene abierto un diálogo y una negociación para terminar con la violencia e incluso firmar la paz.

Julián Arévalo, quien actualmente participa en los diálogos de paz en La Habana, afirmó que la negociación que actualmente lleva a cabo Colombia con los grupos guerrilleros se justifica en que esos grupos armados tienen una agenda política.

Sin embargo, advirtió que el diálogo y la negociación con grupos del narcotráfico desde cualquier Estado democrático implicaría riesgos.

El narcotráfico juega un papel que complica mucho esta discusión, pero tener una postura universal para aplicarle a todos los grupos en cualquier país, en cualquier grupo, me parece que es un poco riesgoso , afirmó.

Yo creo que todos los casos hay que mirarlos con una óptica muy única, porque es diferente hacer extrapolaciones. Aquí mismo en Colombia tenemos en marcha los procesos que estoy mencionando, con las FARC muy adelantados, pero también tenemos otras formas de violencia de grupos armados ilegales con quienes el gobierno no está dispuesto a iniciar conversaciones por su carácter, por la ausencia de alguna agenda política, entonces no es lo mismo.

Me parece que es una actividad adecuada sentarse a negociar con esos actores, pero el gobierno tampoco puede sencillamente sentarse con cualquier grupo que amenace el orden social. Como Estado, y eso pasa en México y cualquier parte del mundo, éste tiene la obligación de enfrentar a grupos criminales que lo que buscan es desestabilizar la vida y la buena convivencia ciudadana. Entonces, sin extrapolar, diría que en algunos casos la negociación es la salida para ahondar esas formas de violencia , explicó.

Se le preguntó cuál es el riesgo para el Estado en caso de que sus autoridades sean atacadas, a lo que respondió:

Es bastante alto. La intensidad del conflicto es muy diferenciada a lo largo del territorio nacional. Tenemos muchas partes del país, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, donde tenemos un Estado relativamente muy funcional, donde las funciones básicas de proveer seguridad a los ciudadanos, la justicia, proteger la propiedad y garantizar derechos básicos se cumplen de forma satisfactoria, pero (...) en algunos casos, alguna gente comenta una ausencia completa del Estado en algunos territorios, entonces estamos hablando de ese tipo de condiciones más extremas .

En los últimos 10 años suman 85 asesinados

  • 85 presidentes municipales en funciones y anteriores así como funcionarios de ayuntamientos han sido asesinados del 2006 a la fecha.
  • Algunos de los alcaldes amenazados en México son: el de Tochtepec, Puebla, Marcos Pérez Calderón, y los alcaldes poblanos de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Francisco Palacios Lorenzo, y de Acajete, Antonio Aguilar Reyes.
  • En Guerrero los munícipes amenazados son de Chilapa y Zitlala, Jesús Parra García y Roberto Zapoteco Castro, respectivamente; así como de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, y de San Luis Acatlán, Javier Vásquez García, entre otros.
  • En el 2013 hubo ocho asesinatos de alcaldes en Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Michoacán.
  • En el 2014 dos alcaldes en Michoacán y Jalisco fueron asesinados.
  • En el 2015, dos ediles asesinados en Guanajuato y Oaxaca.
  • En lo que va del 2016, cinco alcaldes asesinados: la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. El alcalde de Jilotzingo, Estado de México, Juan Antonio Mayen; el alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González; el primer edil de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte; y el presidente municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, José Santa María Zavala.

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