La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley Federal de Austeridad Republicana para invalidar varios artículos y fracciones de dicha ley, entre ellas, la que impide a funcionarios de alto mando trabajar en la iniciativa privada por diez años.

La controversia constitucional fue turnada a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para que instruya el procedimiento correspondiente. En este asunto se impugnó “la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el DOF (sic) el 19 de noviembre de 2019, destacadamente los artículos 1°, 4°, fracción I, 5°, 16, fracción IV, 20, 22 y 24, segundo párrafo y Segundo Transitorio”, se lee en acuerdo interpuesto por la Cofece.

Los artículos 1° y 4° de la Ley de Austeridad insta a los poderes y órganos autónomos a tomar las acciones necesarias para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales.

El artículo 5° señala que el cumplimiento de la presente Ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes para su vigilancia se apoyarán de la instancia encargada del control interno, además de que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estarán facultadas, en el ámbito de sus atribuciones, para interpretar esta Ley.

Mientras que el artículo 16, contiene ocho medidas, entre ellas la prohibición para comprar o arrendar vehículos de lujo o contratar seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado.

Además, la Cofece impugnó el artículo 24 de dicha Ley, el cual indica que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

kg