De última hora, la Cámara de Senadores aprobó aumentar de cinco a 10 años el lapso que deberá pasar para que los servidores públicos de mando superior puedan ocupar cargos en empresas privadas que hayan supervisado, regulado o de las que hayan tenido información privilegiada.

Modificada la minuta que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el decreto aprobado en lo general por 74 votos de Morena, MC, PRD, PVEM, PT y PES, y 29 abstenciones del PAN y PRI fue devuelto a la Cámara de Diputados para su aprobación o modificación correspondiente.

El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana —aprobada este martes por la madrugada— establece que los servidores públicos de un grupo jerárquico de mando superior, es decir, los secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales, no podrán ocupar puestos en empresas que “hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”, salvo que transcurran 10 años.

En un principio, el dictamen consideraba cinco años y no detallaba a qué niveles jerárquicos aplicaría. Sin embargo, con unas reservas al artículo se definió con precisión e incrementó el lapso para emplearse en la Iniciativa Privada. La nueva legislación aplica para funcionarios de la Administración Pública Federal.

También se pusieron candados para ingresar a la administración pública. “Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas”.

Transparencia Internacional recomienda un periodo de dos años antes de dar el brinco de administración pública a Iniciativa Privada o viceversa. De acuerdo con la OCDE, el promedio en los países miembro es de tres años.

Se aceptó también enmendar el artículo 17 de la referida ley, a propuesta de Geovanna Bañuelos (PT), para prohibir la constitución de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública; de la docena de reservas presentadas por senadores panistas, priistas, perredistas y emecistas para modificar diversos artículos no se aceptó ninguna y todas fueron rechazadas.

“Para los demás casos, los entes públicos de la Administración Pública Federal sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda.

“Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización del gasto”, completa dicho artículo.

Previo a votar a favor, Dante Delgado (MC) anticipó que impugnará por la vía legal los artículos inconstitucionales incluidos en el dictamen.

Mientras que para el panista Julen Rementería, “la joya’’ del decreto está en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuestos porque restituye la “partida secreta” al autorizar al presidente a “usar, prácticamente de manera discrecional, los ahorros”, que sumarán 90,000 millones de pesos.