Un artículo del The New York Times publicado este miércoles reveló que el sistema tributario mexicano es parte del arsenal con que los funcionarios públicos atacan a la libertad de prensa del país. En un sólo día indica el artículo las autoridades tributarias anunciaron nueve auditorías contra organizaciones en las que Claudio X. González Guajardo entre ellas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad está involucrado, y una personal contra el empresario.

El uso del sistema tributario contra González Guajardo y las iniciativas ciudadanas de las que forma parte tuvo su origen relata el artículo el 11 de mayo, durante una reunión privada en Los Pinos, en la que el presidente Enrique Peña Nieto se encontró con varias personas, entre ellas Claudio X. González Laporte, empresario mexicano padre de González Guajardo. El artículo menciona que cinco personas presentes en ese encuentro relataron que el presidente Peña Nieto, en algún punto de la entrevista, se dirigió a González Laporte y le espetó con: Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno . Ante el azoro de los presentes, el presidente remató con sigue el artículo un: La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción .

La contestación de Claudio X. González Laporte al Enrique Peña Nieto, cuenta el artículo, fue: Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo .

Claudio X. González Guajardo es uno de los fundadores de Mexicanos Primero, iniciativa ciudadana de empresarios mexicanos para impulsar la reforma del sistema educativo del país; entre sus iniciativas más conocidas se encuentra el documental De panzazo, dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola. González Guajardo dejó la presidencia de la ONG en abril pasado, para dedicarse por completo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asociación civil dedicada a combatir la corrupción en México, que inició con María Amparo Casar. MCCI produjo, entre otros reportajes, la investigación sobre las declaraciones de tres exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht que acusan a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos para favorecerles en la consecución de obras públicas en México.

En mayo pasado, el director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Juan E. Pardinas, dijo a la prensa mexicana que las auditorías del SAT a medios de comunicación, activistas y organizaciones civiles representaban una forma de acoso que fragmentaban la confianza hacia el gobierno. " Existe un patrón en las auditorías y es una hipótesis que preocupa", dijo Pardinas.

Las auditorías no son la primera ofensiva por parte del gobierno de la que ha sido objeto González Guajardo. El empresario fue uno de los objetivos de espionaje del software Pegasus, comprado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El programa espía hallado en los teléfonos celulares de periodistas y activistas es comercializado por la empresa israelí NSO Group y es adquirido por gobiernos con el fin de combatir al terrorismo, carteles de drogas o grupos delictivos. El reporte de la operación de espionaje fue realizado por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y publicado por The New York Times.

En la Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Ejercicio del Periodismo en México, realizada por Parametría, la Universidad Iberoamericana, Freedom House y la Fundación Este País, realizada a periodistas mexicanos, a la pregunta sobre quiénes son los autores de las agresiones de las que son objeto, 77% de los consultados respondió que son los funcionarios públicos y/o miembros de su equipo los agresores, contra 24% que aseguró que las agresiones provinieron del crimen organizado.

En México, 6 de cada 10 periodistas ha sido objeto de alguna agresión física, psicológica, jurídica o digital.

Amenazas, censura, despidos, agresiones y asesinatos son las formas que adoptan los ataques a la libertad de expresión en México. Al peligro que encarna para los periodistas y activistas en el país el crimen organizado, se añade el de los funcionarios públicos que, haciendo uso del poder y los recursos a su cargo, obstruyen el ejercicio periodístico por señalar lo menos. Ahora, el instrumento que se añade es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con sus auditorías. La causa de que el SAT sea un arma persuasiva tan potente es que por ley no está obligada a presentar las razones para auditar y a que no se rige por el principio de presunción de inocencia. Si el SAT decide auditar a cualquier particular u organización, no debe dar razones para ello, y procede desde la presunción de culpabilidad del auditado. Toca al particular o a la organización demostrar que no es culpable. Un arma que no deja huellas legales.

La Presidencia de la República, en voz de su coordinador general de Comunicación Social, Eduardo Sánchez, sostuvo que es falso que el presidente pidiera a Claudio X. González Laporte que sosegara a su hijo. Sánchez dijo que él acompañó al presidente en la reunión referida por el The New York Times y que es testigo de que Peña Nieto no hizo las declaraciones que el artículo asegura que hizo. Y abundó sobre el tema fiscal: declaró que las auditorías derivaron de recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución dedicada al combate al lavado de dinero.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó su posicionamiento en su portal, en el que declaró que esa organización como muchas otras de la sociedad civil y medios de comunicación que documentan la gravedad de los problemas por los que atraviesa México enfrentan un ambiente hostil por parte de diversas autoridades, como amenazas veladas, espionaje, acoso fiscal e inclusive la violencia, hechos que amenazan el derecho de los ciudadanos y los medios de comunicación y periodistas a la libre expresión, puntal de otros derechos y libertades que deberían ser custodiados por el Estado mexicano .

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