Con el caso de Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los familiares y la defensa de la activista asesinada en octubre del 2001 en la Ciudad de México demostrarán que se trató de un “crimen de Estado”.

En rueda de prensa, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la defensora, acompañados por los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, reconocieron que estos 19 años han sido una lucha difícil, porque, además de enfrentarse al o los asesinos, también tuvieron que hacer frente a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Los abogados Karla Michel Salas y David Peña reconocieron que el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevara el caso ante la Corte IDH y ordenara reabrir la investigación es un paso positivo no sólo para este caso, sino para todos los defensores de derechos humanos del país.

El hermano de la víctima hizo un recuento de todos los procuradores de la Ciudad de México que pasaron por el expediente y quienes mantuvieron siempre la misma hipótesis que, según se señala, fue creada por la entonces procuraduría capitalina, que sostiene que la activista se suicidó.

“Tuvimos acceso al expediente y vimos cómo los peritajes se hicieron a modo. Hay algunos que dicen que Digna no era proclive al suicidio, pero no fueron tomados en cuenta. Hemos esperado estos 19 años el acceso a la justicia y el día de hoy estamos ante la posibilidad de ofrecer las pruebas que guardamos para presentarlas ante la autoridad competente y que se investigue sobre un probable asesinato, que para nosotros no fue más que un crimen de Estado”, sentenció Jesús Ochoa.

David Peña recordó que en el 2011 un tribunal federal resolvió que la investigación debería cerrarse, por lo que hasta ahora se mantiene congelada. Sin embargo, en mayo del 2019 la CIDH emitió un informe de fondo, en el que señala que el Estado mexicano es responsable de la “vulneración del derecho a la protección judicial de Digna Ochoa”.

El informe, que fue remitido al gobierno de México en julio del 2019, detalla una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la imparcialidad de la entonces procuraduría capitalina, que determinó que la muerte de la activista fue un suicidio.

Asimismo, informó que el pasado 15 de febrero fueron remitidos ante la CIDH los documentos de anexos, testimonios y pruebas periciales ofrecidas por la familia Ochoa y Plácido y sus representantes legales.