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Auditor niega doloo motivación políticaen revisión del NAICM
El funcionario defendió que todavía no hay un monto definitivo sobre el proceso de cancelación del aeropuerto.
Ante las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el Auditor Especial de Desempeño de la ASF, Agustín Caso, declaró que con los resultados de la auditoría 1394-DE denominada “Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco)”, no existió la intención de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno.
Durante su comparecencia, Caso Raphael también argumentó que tras los resultados de la auditoría de la que era encargado, no se estableció un pliego de observaciones, ni promoción de sanción por conductas graves o no graves.
“No existió dolo o motivación política en el equipo auditor. No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”, declaró.
Agregó que, con base en las cifras presentadas no hay un monto definitivo que represente un daño materializado, porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye, por lo que se emiten recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión.
“No es pertinente en este momento procesar, dar una cifra nueva que quiere establecerse como verdad inamovible. Están por procesarse las diferencias y además el valor real, las condiciones de recompra, el diferencial del valor con que se realizó la emisión de los instrumentos financieros aún no se concreta, no es un hecho definitivo”, subrayó.
Indicó que, los primeros recursos asignados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) son del presupuesto 2014, cuya cancelación del proyecto no ha concluido y, agregó, “se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse en 26 años”.
Sobre el costo, detalló que se trata de un estimado que incluye gastos ya erogados desde 2014 a 2019, así como bonos, contratos pendientes y demandas en proceso. Precisó que los gastos futuros son estimaciones porque los recursos no han sido pagados y algunos instrumentos financieros aún no se han cancelado y la carga financiera que implicará la recompra de bonos se materializará en un futuro.
“Cuando se plantea una gran obra se tiene una estimación que cuando se ejecuta puede obligar a modificar los costos a varios años, es probable que la estimación sea otra, y no significa que exista una irregularidad y menos una acusación de corrupción”, explicó.
