Asesinatos a periodistas: activistas cuestionan tendencias en investigaciones

Ante la problemática que enfrenta el país con relación al alza de los asesinatos de periodistas, organizaciones defensoras mostraron su preocupación por algunas tendencias en las investigaciones y presuntos resultados de los casos, reportados por los poderes ejecutivos a niveles estatal y federal.

Al recordar que en los cinco primeros meses de 2022 se generó una alerta en México debido al estrepitoso incremento de violencia letal contra periodistas, resultando en los asesinatos de 11 integrantes del gremio periodístico en el país, Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional, dijeron estar alertas y documentando estos asesinatos, al tiempo que buscan diálogos con las autoridades, familiares de las víctimas y el gremio periodístico.

Se dijo que, hasta la fecha, las organizaciones han identificado que, en al menos ocho de estos casos, el móvil puede estar vinculado con su ejercicio periodístico y de continuar esta tendencia, el 2022 podría convertirse en uno de los años más letales contra la prensa desde que se tiene registro.

Asimismo, mostraron preocupación ante la falta de cumplimiento del Protocolo Homologado para la Investigación de delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión toda vez que se desestima la labor periodística de las víctimas.

Ello al recordar que el Ejecutivo Federal no contabiliza como periodistas a Jorge Luis Camero y Roberto Toledo, en vista de que desempeñaban otras labores además del periodismo.

“Recordamos a las autoridades que la definición de periodismo enmarcada tanto por los estándares internacionales de libertad de expresión, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe considerarse como periodista sólo a quien ejerza el periodismo como única labor en algún medio de comunicación, sino por su labor y función social que es la de informar”, expresaron.

Además, lamentaron las filtraciones y detenciones erróneas, como lo suscitado en los asesinatos de Yesenia Mollinedo y Johana García, así como de Roberto Toledo. “Las imágenes y audios son compartidas a través de campañas de desprestigio, en las cuáles presuntamente involucran a las personas periodistas en supuestas actividades ilícitas o de otra índole laboral y buscan desvincular los asesinatos de su labor periodística”, dijeron.

Mientras que acusaron estigmatizaciones e información no verificada desde instancias tanto a nivel federal como estatal, pues las autoridades han afirmado, sin tener concluidas las líneas de investigación, que los crímenes cometidos en contra de las personas periodistas tienen que ver con el crimen organizado y no con la libertad de expresión.

“Por otro lado, presentar públicamente el número de personas detenidas por sí mismo no garantiza justicia ni reparación del daño a las víctimas hasta que se identifique a todas las personas responsables y hayan sido juzgadas y sancionadas en el marco del debido proceso”, recordaron.

En este sentido, destacaron que la información se constriñe a nueve periodistas asesinados este año pero sigue pendiente el esclarecimiento de, por lo menos, 153 asesinatos desde el año 2000, de los cuales además de los 9 reportados en las conferencias, otros 27 fueron cometidos durante el sexenio actual.

“El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y brindar justicia a todas las personas periodistas asesinadas. Asimismo, debe aceptar su rol en la prevención, la protección y reacción ante emergencias, incluida la atención integral a víctimas. Esto resalta la necesidad urgente de una política pública integral de protección”, enfatizaron.

Alarma, por cambios en medidas de protección

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijeron estar preocupados por la aprobación por parte de las autoridades y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), -que forman parte de la junta de gobierno del mecanismo-, para ceder a la Coordinación Nacional la discrecionalidad de definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias.

A través de un comunicado recordaron que durante la 107 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno (JG), la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, el cual es un instrumento que recopila un catálogo de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que permiten establecer acciones institucionales que garantizan la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo.

Generando opacidad tanto en los procesos de contratación de medidas como en el otorgamiento de éstas. “Hasta la fecha se desconoce el estado actual del instrumento, lo cual expone la discrecionalidad de las medidas tomadas y debilita su funcionamiento, además de limitar la participación de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo”, alertaron.  

kg