Aprueban ley y se excluyen súbitamente

El Senado de la República aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero de último momento hizo una modificación para que el Congreso de la Unión pueda postergar infinitamente sus obligaciones de transparencia y seguir con la opacidad en el uso y destino del dinero público otorgado a grupos parlamentarios, comisiones o cualquier recurso que reciban los legisladores para realizar su trabajo.

A propuesta de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones dictaminadoras de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, en las que participan senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM, se incluyó el artículo 13 transitorio, el cual establece que la Cámara de Diputados y el Senado deberán aprobar a más tardar el 30 de agosto de este año un programa de reorganización administrativa.

No obstante, será hasta que se implemente el programa de reorganización cuando ambas cámaras hagan efectivas las obligaciones genéricas y específicas de transparencia, que entre otras cosas incluyen informes semestrales del destino de los recursos consignados a los grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones, comités y centros de estudio u órganos de investigación, además de la elaboración de un padrón de cabilderos para que se detecten posibles conflictos de interés.

Este programa de reorganización administrativa, que se debe aprobar a más tardar el último día de la presidencia del perredista Miguel Barbosa, pero no se fija límite de tiempo para su aplicación, debe comprender las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; así como el tratamiento fiscal y presupuestal de ingresos, prestaciones y recursos en dinero o especie que reciban los legisladores para sus actividades.

El panista Javier Corral dijo que el gran faltante de la ley es la dignidad del propio Poder Legislativo, la gran ausencia es el rigor con el que el Congreso de la Unión ve a otros poderes pero no se ve a sí mismo, aplica para otros órganos constitucionales y demás poderes lo que con una manga ancha legisla para sus obligaciones , manifestó.

Pese a dicha modificación, los legisladores aprobaron con 110 votos en favor, uno en contra y una abstención, la ley que obliga a la transparencia de los recursos públicos que ejerzan los sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, congresos locales, gobiernos estatales, gobierno federal, incluso a las personas físicas y morales que reciban dinero del erario.

Los reportes tendrán que ser a través de sus páginas de Internet, sin que medie solicitud de información, de lo contrario cualquier persona podrá denunciarlos ante el IFAI u órganos garantes estatales que tendrán la facultad para imponer amonestaciones públicas y multas que van desde los 150 hasta los 1,500 veces el salario mínimo.

El senador Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión Anticorrupción, dijo que la ley que se pasó a la Cámara de Diputados es un arma para que la ciudadanía pueda recobrar la confianza en las instituciones; Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, llamó a los mexicanos a ser observadores permanentes de los sujetos obligados para que se cumpla la ley.

Alejandro Encinas (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, opinó que se crea un sistema que ayudará a combatir la corrupción y la impunidad, y la senadora panista Laura Rojas dijo que con esto se atiende un justo y sentido reclamo ciudadano que pone a la información como un derecho humano fundamental.

Alcances de la transparencia

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se pasó a la Cámara de Diputados para su análisis determina:

• Que las nuevas disposiciones entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el DOF.
• Los congresos locales tendrán hasta un año para adecuar sus leyes en materia de transparencia.
• Se crea el Sistema Nacional de Transparencia integrado por el IFAI, los órganos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Inegi.
• Se conformará una plataforma nacional de transparencia.
• El IFAI podrá ordenar amonestaciones públicas y multas que van desde los 150 hasta los 1,500 veces el salario mínimo vigente.
• Sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, congresos locales, gobiernos estatales, gobierno federal y personas físicas y morales que reciban dinero del erario estarán obligados a la rendición de cuentas.
• Los casos de violación grave a los derechos humanos, los de lesa humanidad y los de corrupción no estarán reservados.
• Cualquier persona podrá denunciar ante los órganos garantes correspondientes la falta de transparencia de los sujetos obligados.

tania.rosas@eleconomista.mx