Amagan juicio político contra Poiré

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño, anticipó que la oposición en el Congreso mexicano interpondría una demanda de juicio político contra Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, por la no publicación aún de la nueva ley general de víctimas.

Las declaraciones del priísta surgieron luego de que el responsable de la política interior del país anunciara la instalación, esta misma semana, de una mesa de trabajo con legisladores y organizaciones de la sociedad civil para discutir los eventuales cambios al decreto de la citada norma.

(Poiré) puede invitar a mesas de trabajo, a reuniones con café y a comidas con sus cuates. (Pero) hay un plazo y una instrucción del Presidente del Senado al Secretario de Gobernación para que publique la ley general de víctimas del delito. Si el Secretario de Gobernación no acata la orden (...) va a incurrir en desacato , advirtió el mexiquense.

Anunció que priístas y perredistas abordarán el tema del juicio político contra Poiré en la sesión de hoy de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Le recuerdo al Secretario de Gobernación que hay responsabilidades en la propia Constitución, políticas , completó.

A decir del jurisconsulto, más allá de mesas de diálogo, Poiré está obligado a publicar la nueva ley y una vez cumplido ese mandato constitucional puede reunirse con sus cuates o con las víctimas o con quien él quiera. Pero, primero, que cumpla con la ley .

Explicó también que los plazos legales, establecidos en el Artículo 72 de la Constitución, ya se agotaron, por lo que el Congreso mexicano no puede admitir las observaciones que formuló el Ejecutivo federal a la citada ley para su eventual desahogo.

Por unanimidad, todos los diputados y senadores, incluyendo a los de Acción Nacional, respaldamos al presidente del Senado, que ya ordenó promulgar la ley general de víctimas del delito. Ése es el asunto de fondo .

Finalmente, comentó que las penalidades previstas son la destitución e inhabilitación del encargo.

rramos@eleconomista.com.mx