Hace 13 años, Joaquín Guzmán Loera se fugó de un penal cuya calificación en gobernabilidad era poco más de cinco. En esta ocasión fue ingresado a un centro federal (número uno Altiplano) que no alcanza una calificación de 10 alcanzó 8.64 , de acuerdo con el último informe sobre centros penitenciarios elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El documento del organismo realiza una radiografía del penal del Altiplano, el cual presenta insuficiencia de personal de seguridad y custodia. Además presenta hacinamiento (número de internos que rebasa la capacidad instalada de las celdas). Con base en los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las condiciones del penal de Puente Grande, de donde se fugó hace 13 años, son: sobrepoblación y hacinamiento, deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos, supervisión del funcionamiento del Centro, sin acciones para atender incidentes violentos, deficiencias en la prevención y en la atención de la tortura y maltrato interno.

Además, existen áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; cobros por parte de los custodios para protección, asignación de estancia y plancha para dormir, mantenimiento de los dormitorios y visitas; igualmente, cobros por parte de los internos para protección.

En el caso del c entro federal del Altiplano, en ninguno de los cinco rubros analizados por el organismo se alcanza el promedio de 10 (condiciones de gobernabilidad, aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, estancia digna, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos). En el primer caso, el penal presenta deficiencias en la separación de internos.

A diferencia de Puente Grande, el penal del Altiplano no presenta áreas de privilegios, tampoco cobros por parte de custodios o internos, aunque sí prevalece la inexistencia de manuales para solicitar audiencia con las autoridades y regular las actividades laborales del interno, así como deficiencias durante el proceso de la imposición de sanciones disciplinarias.

[email protected]