La elevada cifra de muertes ocasionadas por la pandemia de Covid-19 en México hace necesario hacer una investigación sobre la forma en que los gobiernos federal y locales tomaron decisiones para enfrentar la emergencia sanitaria que aún prevalece y las previsiones para que, en el futuro, se puedan corregir a tiempo determinaciones equivocadas durante una contingencia, planteó el diputado federal Salomón Chertorivski Woldenberg.

En entrevista con El Economista expuso que, en México, anualmente mueren un promedio de 730,000 personas, por todas las causas y en año y medio de pandemia, han ocurrido alrededor de 600,000 decesos en exceso, de los cuales al menos la mitad eran personas que no debieron morir, “pues se hubieran salvado si el gobierno federal hubiera actuado de manera correcta”.

Explicó que por ello la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para que se cree una comisión de expertos que se active cuando se declare una emergencia sanitaria y que tenga como objetivo dar seguimiento en tiempo real a las decisiones tomadas por la autoridad.

Asimismo, propuso un punto de acuerdo para establecer, cuanto antes, una comisión de diputados que se encargue de revisar las medidas implementadas por el gobierno federal para contener la pandemia de Covid-19.

La primera propuesta implica una reforma al artículo 73 de la Constitución, que rige el funcionamiento del Consejo de Salubridad General (CSG), instancia responsable de hacer una declaratoria de emergencia sanitaria.

Lo que se busca es añadir un párrafo que establezca que, cada que haya una declaratoria de emergencia sanitaria, se active inmediatamente, desde la Cámara de Diputados, la conformación de una comisión independiente de expertos para que den seguimiento a la atención de la crisis.

El objetivo es que, en el momento en que se estén tomando las decisiones para hacer frente a una emergencia, se haga una revisión y, en su caso, apuntalar la corrección de éstas.

En su opinión, esa comisión no se contrapondría al CSG, el cual se activa en este tipo de emergencias y que es un órgano colegiado, que depende directamente del presidente de la república y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, además de que las disposiciones que emite son de carácter general y obligatorias en el país.

El también exsecretario de Salud subrayó que ese Consejo está integrado por funcionarios subordinados al Presidente y la comisión que se propone aportaría un contrapeso, ya que estaría integrada por expertos independientes.

Necesario saber cómo se tomaron las decisiones ante la emergencia, afirma

Por otra parte, explicó que la comisión que impulsan, mediante un punto de acuerdo, estaría integrada por diputados de las diferentes fracciones legislativas representadas en el Congreso, con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas.

Recalcó que hoy el país enfrenta una tragedia humanitaria de dimensiones no conocidas y “necesitamos un ejercicio serio y responsable de rendición de cuentas, para saber qué es lo que pasó. Conocer cómo actuaron las instituciones federales y locales; cómo actuaron las personas que estuvieron al frente de las instituciones”.

Además, abundó, debe haber un mecanismo de aprendizaje de lo ocurrido, para que no se repita y eso solo se puede obtener con un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Destacó que comisiones legislativas como la que se propone ya existen en otros países como Alemania, Chile e Inglaterra. “Cuando inició la intervención del gobierno británico para hacer frente a la pandemia, un grupo de especialistas hizo observaciones importantes a las acciones desplegadas por las autoridades y se obligó a corregir la forma de contener la propagación de la enfermedad”.

El legislador por un distrito de la Ciudad de México destacó que, en una situación de crisis como ésta, es tanta la información que deben procesar las autoridades para ir tomando las decisiones y muchos los escenarios en que puede ir derivando la emergencia, que siempre hay la necesidad de ir recalculando la ruta de acción.

“La experiencia ha demostrado que las autoridades sanitarias, una vez que toman una decisión, son poco afines a hacer recálculos que permitan corregir a tiempo las disposiciones. Además, cuando se declara una emergencia como esa, se activan diversos mecanismos gubernamentales que alguien debe estar monitoreando para estar seguros de que actúan en la dirección correcta”, explicó.

Puso énfasis en que la declaratoria de emergencia exenta al gobierno de pasar por los controles burocráticos tradicionales de compra, “lo cual es entendible, porque lo que se busca es que pueda actuar con agilidad”; sin embargo, lo que tiene que venir es una revisión de las decisiones tomadas, que permita una rendición de cuentas con transparencia, que revise la racionalidad con la que se tomaron las decisiones. “Además de la corrección de la estrategia se requiere un ejercicio para saber cómo se construyó esta tragedia humanitaria”.

Para utilitarias…. La iniciativa presentada por MC fue suscrita por el diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba, quien en la legislatura pasada presidió la comisión de salud.