Líderes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que tienen como causa la transparencia alertaron sobre el riesgo de que se cometan actos de corrupción en la adquisición de medicamentos e insumos médicos, con el pretexto de que es necesario hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Dirigentes de 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional participaron en una videoconferencia, donde coincidieron en señalar los riesgos de captura de recursos por parte de grupos de interés económico, y alertaron que la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM), expuso que la preocupación es que, con el pretexto de la emergencia no se comparte completamente la información sobre las licitaciones.

Con los datos disponibles en México no es claro saber cuáles son las compras vinculadas concretamente con la emergencia por el coronavirus y no existe un sitio donde se pueda acceder a los documentos sobre tales adquisiciones, argumentó el representante de TM.

Bohórquez destacó que, de acuerdo con el marco legal vigente, no en todos los casos se justifica una adjudicación directa, porque muchas compras se pueden prever desde ahora y de cara a los próximos meses.

Olga de Obaldía, dirigente de la Fundación para la Libertad Ciudadana de Panamá, mencionó que la emergencia ha evidenciado las debilidades institucionales en la región para vigilar el correcto ejercicio del gasto.

Refirió que en el caso de Panamá su Constitución describe las compras de urgencia. Sin embargo, el gobierno “optó por una forma legalista” para evitar tener que llevar parte de las decisiones al Poder Legislativo.

Por su parte, Carlos Pimentel, director de Participación Ciudadana de República Dominicana, llamó a evitar monopolios en los negocios entre particulares y el gobierno, no sólo para democratizar la entrada de empresas al esquema de adquisiciones públicas, sino en el acceso de los ciudadanos a las pruebas para detectar contagios del Covid-19

Indicó que la emergencia evidenció la situación de privilegio que tienen algunas empresas de laboratorios para hacer negocios con un gobierno.

A su vez, Mercedes De Freitas, dirigente de Transparencia Venezuela, afirmó que en América Latina ningún país puede declararse como de los mejores en materia de transparencia.

En el caso concreto de Venezuela, denunció que desde hace 15 años hay una debilidad legal en materia de contrataciones porque se permitió un esquema directo y no hay política de transparencia.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, indicó que en todos los países de la región deben tomarse medidas de transparencia y acceso a la información y de rendición de cuentas, control y fiscalización más efectivas y en tiempo real.

Mencionó que, en ese país, como en varios más, no se tiene claro cuánto dinero se necesitará para atender la emergencia por el coronavirus, y por lo tanto no hay una adecuada trazabilidad de cómo se van a ejercer los recursos.

Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano de Argentina, expuso que es necesario que todas las compras y contrataciones que se hagan en estos momentos con motivo de la emergencia sean publicadas en formatos abiertos en un sitio específico en Internet.

A la situación debe responderse con herramientas de transparencia para situaciones de emergencia, destacó.

Por su parte, Bruno Brandao, director de Transparencia Internacional Brasil, aseveró que existe el riesgo de que los recursos lleguen sólo, o con mayor medida, a grupos de privilegio y no a quienes más lo necesitan, en perjuicio del interés público general.

Indicó que en estos momentos es de extrema importancia la transparencia en los procesos de decisión y planeación de estímulos económicos para el sector privado.

Emiten recomendación

• Transparencia Internacional difundió el análisis Integridad ante la Emergencia: Recomendaciones para la Integridad de las Compras y Contrataciones Públicas, en el que expone cinco líneas estratégicas:

1.- Máxima apertura en la información con una visión integral de las contrataciones públicas (de la planeación hasta la entrega del bien).

2.- Activación de mecanismos procompetencia.

3.- Fiscalización en tiempo real.

4.- Identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un sólo sitio.

5.- Amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino.

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