México está lejos de poder presumir la existencia de un modelo de gobernanza de gobierno abierto que impacte de manera positiva en la vida de la ciudadanía, condenaron 191 organizaciones regionales y nacionales de la sociedad civil.

Los activistas exhibieron durante los trabajos de la Reunión 2015 de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) a celebrarse del 27 al 29 de octubre en la Ciudad de México que a cuatro años de la incorporación de México a este mecanismo internacional, los avances en la materia son frágiles e inconsistentes.

El gobierno mexicano se caracteriza por su opacidad, falta de diálogo, impunidad y violaciones a derechos humanos. En estas condiciones es difícil hablar de una auténtica política de gobierno abierto en el país , denunciaron organizaciones como Fundar y las pertenecientes a la a Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

La generación de procesos de gobierno abierto no ha logrado paliar la grave crisis en materia de derechos que vive el país, destaca la postura de las organizaciones, las cuales argumentan que esta situación, en medio de falta de transparencia y rendición de cuentas en casos de violaciones graves a derechos humanos y corrupción, ha propiciado observaciones y recomendaciones de actores y expertos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ambos organismos coinciden en la necesidad de generar mecanismos de información eficientes y transparentes respecto del incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de respetar y proteger los derechos humanos y han advertido sobre la inminente necesidad de que los funcionarios públicos involucrados rindan cuentas.

Los activistas destacan que el gobierno abierto parece circunscribirse a ejercicios muy puntuales que no abonan al fortalecimiento de la democracia.

La mayoría de los compromisos atiende lagunas de información en ciertos sectores y dependencias, y no se traducen en prácticas estandarizadas de apertura que generen mayor participación y rendición de cuentas.

En contraste, argumentan, se evidencian acciones gubernamentales que contradicen a este mecanismo multilateral, como la limitación del espacio público o la impunidad, condenan los organismos no gubernamentales como el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).