El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está conformado por la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana.

Pasa el tiempo, y la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) parece no llegar. A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se mantienen faltantes como la de un magistrado anticorrupción federal, la posible desaparición de las cinco salas especializadas anticorrupción.

Además de un avance a cuentagotas de la Plataforma Digital Nacional y la conformación, en su totalidad, de los Sistemas Locales Anticorrupción, incluidas sus políticas para luchar contra el cohecho.

A nivel local, es fecha en que sólo 18 entidades han logrado aprobar sus políticas anticorrupción, con otras seis que apenas trabajan en su elaboración.

En la CDMX sigue en falta con su Ley Orgánica de la fiscalía local; en Nuevo León carecen de una Ley de fiscalización y en Baja California y Baja California Sur siguen sin un fiscal especializado en el combate a la corrupción.

El Senado también tiene pendientes en nombrar a uno de los magistrados integrantes de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, pese a que la Ley General del SNA contempla la creación de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal, además de cinco Salas Especializadas Anticorrupción en el país, que serían integradas por tres magistrados cada una, sigue congelada una iniciativa en el Senado de la República para eliminar estas últimas.

“Faltan capacidades”

Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que hay dos principales elementos que falta para hablar sobre una verdadera lucha contra la corrupción en México por un lado, dijo, el mejor uso y monitoreo de los recursos públicos y, por el otro, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de aquellas que están hechas para investigar, perseguir y sancionar la corrupción.

En el primer caso, sostuvo que se ha observado que gran parte de los recursos públicos se van a las contrataciones y compras públicas y es ahí donde en los últimos años, específicamente, aumentó el riesgo de corrupción en 59% de las instituciones federales.

Al hablar específicamente del SNA, la experta consideró que el avance ha sido lento. “Yo creo que el SNA sí rebasa los tiempos políticos y un color o un movimiento dentro de una administración”.

Para Ricardo Salgado Perrilliat, secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, el trabajo realizado hasta momento es “satisfactorio”, al tiempo que no consideró que no existe un desinterés por parte de las autoridades federales hacia el SNA, ello pese a los señalamiento desde el Ejecutivo federal que aseveran que la creación del fue una simulación.

Perrilliat reconoció que aún falta “interconectar al menos seis sistemas de la plataforma de todas las entidades del país y de todos los entes públicos, eso es lo que yo pudiera considerar que es la siguiente etapa”.

Compromisos pendientes

Según el IMCO, desde 1999, México no ha impuesto una sola sanción por cohecho internacional y en 2021 no ha iniciado ninguna investigación, por lo que la falta de seguimiento a los delitos de corrupción podría ocasionar quejas hacia México e impactar en su capacidad para renegociar tratados comerciales.

Al analizar el papel de México el IMCO identificó que, a más de 22 años de la tipificación de este delito, así como de la firma de múltiples tratados internacionales, se desconoce el estatus de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por ese delito.

maritza.perez@eleconomista.mx