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3 opciones para exigir la reparación del daño si tu edificio se cayó
La acción colectiva contra los proveedores inmobiliarios debe presentarla un grupo de mínimo 30 personas; si en tu edificio los propietarios eran menos, pueden recurrir a una asociación civil autorizada o a la Profeco.
Las personas que vivían bajo un régimen de condominio en un edificio que sufrió un daño estructural importante o que se colapsó a causa del terremoto del 19 de septiembre pasado pueden llevar a cabo una acción colectiva para reclamar sus derechos como consumidores, ya que estas acciones permiten la reclamación de violaciones en materia de consumo, servicios financieros y medio ambiente. En caso de ganar, los propietarios podrán gozar de la reparación del daño de acuerdo con la sentencia que dicte el juez que resuelva la acción.
Una acción colectiva tiene como objeto reunir en un sólo procedimiento a un grupo de personas que se encuentran en la misma situación o que sufrieron el mismo daño, como es el caso de las viviendas en régimen de condominio, de acuerdo con Fernando García Sais, coordinador del Notariado del Colegio de Abogados del ITAM.
Para poder llevar a cabo una acción colectiva es necesario que se reúnan 30 personas, las cuales, de acuerdo con la legislación vigente, deben tener interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario, es decir quien tenga un interés legítimo en llevar a cabo la acción colectiva.
De acuerdo con García Sais, las personas que perdieron su vivienda a causa del terremoto tienen tres opciones para organizarse y llevar a cabo una acción colectiva para que las constructoras o empresas inmobiliarias respondan por los daños que sufrieron los consumidores de alguna vivienda.
1. A través de la Profeco
La primera es acercarse a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que desde la reforma del 2011 a la Ley Federal de Protección al Consumidor se le otorgó a este organismo la legitimación procesal para defender a los consumidores con este tipo de acciones.
De acuerdo con la Profeco, “las acciones colectivas son una herramienta jurídica usada para proteger el derecho que tiene un grupo de personas contra uno o varios proveedores que vulneren sus derechos”. Otra ventaja que tiene este tipo de acciones de acuerdo con esta institución es que reducen los costos en el trámite procesal, debido a que en lugar de que cada afectado promueva un juicio individual, se promueva un juicio para todos.
2. A través de un abogado
La segunda opción es que los afectados busquen a un abogado que sea su representante común, el cual puede trabajar de forma pro bono o pro beneficio social o también puede ser un litigante privado. Este abogado representará al conjunto de condóminos en el curso legal de la acción colectiva.
3. A través de una asociación civil autorizada
La tercera opción es que los interesados acudan con alguna de las asociaciones civiles registradas en el Sistema de Registro y Control de Asociaciones Civiles del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), las cuales están autorizadas a representar a grupos de personas que estén interesadas en llevar a cabo una acción colectiva. Para poder consultar la lista de asociaciones civiles autorizadas, es necesario acceder a la página del CJF, registrarse y seguir las instrucciones del sistema.
“Los ciudadanos que sufrieron la pérdida de su vivienda pueden acercarse a las organizaciones de la sociedad civil para que se orienten y generar mapas de poder, es decir, identificar las instancias federales y locales encargadas de vigilar la forma en la que se llevaron a cabo estas construcciones, sentarse a platicar con ellos, para generar una postura crítica que pueda llevar el tema a la agenda pública y que pueda ser llevada a la agenda de gobierno”, de acuerdo con Marco Antonio Torres, colaborador de Contraloría Ciudadana, una de las asociaciones civiles autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal para encabezar una acción colectiva.
“Si bien la reforma de acciones colectivas busca acercar al ciudadano al sistema judicial, lo cierto es que es una herramienta que requiere cierto nivel especialización, porque puede ser contraproducente sin asesoría”, dijo Fernando García.
