Solamente 3,869 investigaciones para 130,000 desaparecidos

Un reciente informe de la organización Causa en Común alertó que mientras que el número de personas desaparecidas en México ha crecido de forma dramática, las instituciones encargadas de su búsqueda, investigación e identificación se encuentran rebasadas.

A través de su informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: un acercamiento al drama de las desapariciones en México”, Causa en Común dijo que a pesar de la existencia de un marco legal construido en buena medida a partir de la presión de colectivos de víctimas y del escrutinio internacional, no hay una voluntad política ni acciones gubernamentales para rescatar a estas instituciones.

“Las reformas legales relacionadas con desapariciones no resuelven por sí nada y dejan intactos los vacíos institucionales que han impedido una respuesta eficaz frente a esta tragedia humanitaria”, señala el informe.

Se agregó que estos vacíos se reflejan por la inexistencia de un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), las debilidades de las fiscalías y de los servicios forenses, y el abandono en que se encuentran la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las comisiones locales.

“A ello se suma una indolencia gubernamental y social más allá de la esfera de seguridad que permite la extensión del reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales, y el abandono de amplias periferias urbanas y rurales”.

En este contexto, también señalan que ha sido del interés gubernamental alterar las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues el número de desapariciones alcanzó un punto máximo en 2024, cuando se incorporaron 12,759 casos sólo en ese año, y actualmente el Registro acumula más de 130,000 desaparecidos, pero el gobierno federal, los desagrega en tres grupos “sin transparencia metodológica, acceso público y participación de las familias, y sobre todo sin el compromiso político de enfrentar la realidad con todos los recursos del Estado, acredita la decisión de minimizar y claudicar ante una tragedia de enormes proporciones”.

Sin datos confiables

Por otra parte, se alertó que no se conocen registros oficiales sobre fosas clandestinas ni sobre restos exhumados, ni existen datos confiables sobre centros de resguardo y capacidad de almacenamiento forense.

Ante ello se destacó que solo hay 3,869 carpetas de investigación para más de 130,000 desaparecidos.

Mientras que se criticó que la CNB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no existen para proteger a víctimas, sino para defender al gobierno con comunicados obsecuentes o con silencios cómplices.

Por lo que se destacó que “ante el vacío que dejan el gobierno federal y los gobiernos locales, familiares asumen las búsquedas, muchas veces a costa de sus vidas. Van al menos 35 personas buscadoras asesinadas y ocho desaparecidas”.

Finalmente, el informe resalta que las descalificaciones del gobierno al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas subrayan su decisión de no reconocer la gravedad del tema y su incapacidad para enfrentarlo, pese a que México es el país con más solicitudes de acción urgente ante este Comité, con 819 casos, lo que refleja que las familias han tenido que recurrir sistemáticamente a instancias internacionales para obtener lo que el Estado debería garantizar: acciones de búsqueda e investigación inmediatas.