La verdad y la libertad de pensar

La verdad no pertenece al Estado. Tampoco pertenece a los artistas, a los intelectuales, a los medios de comunicación ni a las empresas. La verdad no es una propiedad; es una búsqueda. Exige evidencia, pensamiento crítico y, sobre todo, la humildad de corregirse cuando los hechos desmienten nuestras certezas.

Toda sociedad empieza a perder su libertad cuando el poder político decide que le corresponde determinar qué puede decirse, qué merece recordarse y qué versión de la realidad debe aceptarse como verdadera. En ese momento, la verdad deja de ser una búsqueda para convertirse en un instrumento de gobierno.

Hannah Arendt comprendió que los regímenes totalitarios no solo mienten. Su propósito es mucho más profundo: destruir la confianza en los hechos. Cuando las personas dejan de distinguir entre la realidad y la propaganda, terminan aceptando la versión del mundo que el poder les ofrece.

George Orwell llevó esa idea al extremo en 1984. El Ministerio de la Verdad reescribe el pasado para que el gobierno nunca parezca equivocarse. La propaganda no consiste únicamente en repetir consignas; consiste en sustituir la realidad por un relato oficial.

Michel Foucault mostró que todo poder intenta legitimar determinados discursos y desplazar otros. Por eso siempre debemos preguntarnos quién habla, desde dónde habla y qué intereses existen detrás de aquello que se presenta como verdad.

Theodor Adorno defendió la autonomía del arte porque entendía que una obra sometida a una causa política, económica o ideológica deja de ser plenamente libre. El arte no nació para ilustrar doctrinas ni para servir a los gobiernos. Su función es incomodar, revelar contradicciones y hacer visibles aspectos de la realidad que el poder preferiría mantener ocultos.

Por ello, el Estado jamás debe adjudicarse el derecho de decidir qué es verdad y qué no lo es. Su obligación no consiste en administrar la verdad, sino en garantizar las condiciones para que la ciencia, el periodismo, la filosofía y el arte puedan ejercer libremente su tarea crítica. Una democracia no necesita una verdad oficial; necesita instituciones que protejan la libertad de investigar, disentir y crear.

Un intelectual que cierra los ojos ante la realidad es tan corrupto como aquel que miente deliberadamente sobre lo que ve. El primero traiciona su oficio por omisión; el segundo, por acción. Ambos renuncian a la búsqueda de la verdad para ponerse al servicio de una conveniencia.

Lo mismo ocurre con el periodismo. Un periodista no es un fiscal, un juez ni un ministerio público. No le corresponde presentar un caso como si estuviera en un tribunal. Su trabajo consiste en investigar, observar, relacionar hechos, plantear hipótesis y ofrecer interpretaciones que enriquezcan la discusión pública.

Eso no elimina su responsabilidad ética. Al contrario, la hace indispensable. Un periodista debe diferenciar con honestidad aquello que sabe, aquello que puede demostrar, aquello que sospecha y aquello que simplemente opina. Pero una opinión no necesita convertirse en una sentencia judicial para tener derecho a existir.

La opinión también nace de la duda. Sospechar, cuestionar o desconfiar forma parte del pensamiento crítico. Muchas investigaciones periodísticas comenzaron con una sospecha que más tarde pudo confirmarse. Exigir que solo puedan expresarse ideas absolutamente demostradas sería condenar al silencio buena parte del debate público.

La libertad de expresión existe precisamente para proteger ese espacio de incertidumbre. No garantiza que todas las opiniones sean correctas. Garantiza que ninguna autoridad decida cuáles pueden expresarse y cuáles deben ser castigadas.

Las audiencias tampoco necesitan tutela estatal. No son incapaces de pensar ni requieren que un gobierno decida qué información pueden escuchar. El derecho de las audiencias consiste precisamente en acceder a una diversidad de voces y argumentos para construir su propio juicio. Una democracia confía en la inteligencia de sus ciudadanos; un régimen autoritario desconfía de ella.

Pero hay una pregunta previa que merece formularse: ¿de dónde surgió la necesidad social de esta regulación? ¿Existía una demanda amplia de los ciudadanos para que el Estado interviniera en nombre de las audiencias? ¿O fue una necesidad definida desde el propio poder político?

También resulta inevitable preguntar quién vigila al vigilante. Si el órgano encargado de interpretar y aplicar estas disposiciones es integrado mediante un procedimiento en el que intervienen el Ejecutivo y la mayoría legislativa, la independencia no puede darse por supuesta; debe demostrarse. La independencia institucional no se proclama, se construye mediante mecanismos que impidan que el poder supervise al mismo tiempo las reglas y a quienes las aplican.

Aquí aparece una paradoja que Orwell habría reconocido de inmediato. Se habla de proteger la libertad de expresión mientras se crean instrumentos para supervisar el discurso público. Se invoca la independencia, pero su diseño institucional plantea dudas sobre esa misma independencia. El problema no es únicamente lo que una ley dice, sino la distancia que puede existir entre el lenguaje y la estructura real del poder.

Si el propósito es proteger a las audiencias, también habría que preguntarse si ese mismo principio debe aplicarse a la comunicación oficial del Estado. Si los ciudadanos tienen derecho a recibir información plural y veraz, ¿por qué ese estándar no habría de exigirse con el mismo rigor a quienes ejercen el poder? La exigencia democrática solo tiene legitimidad cuando es simétrica.

Alguien puede sostener que la Tierra es plana. Tiene derecho a decirlo. Ese derecho no convierte su afirmación en verdadera, pero tampoco autoriza al Estado a castigarla. La respuesta de una sociedad libre no debe ser la censura, sino la evidencia, el debate y la crítica. La verdad no necesita protección política; necesita libertad para ser confrontada.

No corresponde al poder político sancionar opiniones porque las considere falsas, incómodas o inconvenientes. Cuando un gobierno adquiere la facultad de decidir qué ideas pueden circular y cuáles merecen castigo, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en una concesión del propio poder, muchas veces ejercida a través de instituciones cooptadas.

No desconfío de la verdad; desconfío de quienes afirman poseerla por decreto. La historia demuestra que las sociedades más libres no son aquellas donde existe una verdad oficial, sino aquellas donde ninguna verdad está exenta de ser cuestionada.

La verdad exige investigación. La propaganda exige obediencia.

Mientras existan artistas, periodistas, científicos e intelectuales capaces de cuestionar las verdades oficiales, la democracia conservará la posibilidad de corregirse a sí misma. El día en que el Estado reclame para sí el monopolio de la verdad, habrá comenzado el fin de la libertad de pensar.