¿Quién teme a una audiencia con derechos?

El verdadero temor no aparece cuando las audiencias son protegidas. Aparece cuando dejan de comportarse como destinatarias silenciosas y adquieren la capacidad institucional de preguntar quién decidió, con qué intereses, mediante qué criterios y bajo qué responsabilidades. Una audiencia con derechos modifica la distribución del poder comunicativo. Quizá por eso incomoda.

Cada vez que México discute los derechos de las audiencias reaparece una oposición conocida. Para unos, fortalecerlos representa un avance democrático; para otros, abre la puerta a la censura gubernamental, al control editorial o a la persecución de periodistas. La sospecha no es infundada. Nuestra historia política contiene suficientes episodios en los que la defensa del interés público fue utilizada para vigilar la palabra, administrar el disenso o castigar la crítica.

Desconfiar del gobierno es una precaución democrática. Pero esa misma coherencia debería llevarnos a desconfiar del poder privado cuando carece de contrapesos, de las plataformas cuando no explican sus decisiones y de los medios cuando pretenden ser los únicos jueces de sus prácticas.

La libertad de expresión y los derechos de las audiencias no son libertades enemigas.

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025, reconoce el pluralismo, el derecho de réplica, la diferenciación entre información y opinión, la no discriminación y la protección de las audiencias con discapacidad. También obliga a los concesionarios a contar con códigos de ética y defensorías, al mismo tiempo que exige preservar la libertad editorial y evitar toda forma de censura previa. La tensión existe, pero la propia ley no obliga a resolverla sacrificando uno de los extremos.

El dilema comienza cuando confundimos regulación con control o libertad con ausencia de responsabilidad.

Una defensoría no es una oficina desde la cual se autoriza lo que puede publicarse. No edita, no corrige anticipadamente una nota ni determina la opinión aceptable. Su función consiste en recibir reclamaciones, documentarlas, responderlas y formular recomendaciones. Opera después de la transmisión, no antes. Su legitimidad depende de la independencia frente al medio y de la distancia respecto del gobierno. Si alguna de esas condiciones desaparece, deja de ser defensoría y se convierte en simulación.

Durante buena parte del siglo XX, las audiencias fueron pensadas como una magnitud. Se medían para vender publicidad, calcular coberturas o programar contenidos. El receptor aparecía al final de una cadena industrial diseñada por otros. Podía cambiar de canal, escribir una carta o apagar el aparato. Difícilmente podía intervenir en las condiciones bajo las cuales la realidad era seleccionada, narrada y jerarquizada. Ese orden comunicativo ya no existe.

En México, 104.9 millones de personas utilizaron internet durante 2025, equivalentes a 86.1% de la población de seis años y más. Las audiencias registran acontecimientos, contrastan versiones y denuncian abusos. También participan en circuitos de desinformación, reproducen prejuicios y pueden amplificar violencia. No son moralmente puras ni cognitivamente infalibles. Son actores del espacio público y, precisamente por ello, necesitan derechos acompañados de responsabilidades y alfabetización.

Nick Couldry sostiene que la voz no se agota en la posibilidad física de hablar. Una sociedad reconoce verdaderamente la voz cuando construye condiciones para que aquello que alguien expresa pueda ser escuchado, considerado y traducido en consecuencias. Desde esa perspectiva, una audiencia no es vulnerable porque carezca de inteligencia. Se vuelve vulnerable cuando identifica una manipulación, una discriminación o un conflicto de interés y no encuentra un procedimiento eficaz para hacerlo valer.

El pensamiento crítico sin cauces institucionales corre el riesgo de convertirse en frustración privada.

También Pierre Bourdieu advirtió que la eficacia de la palabra depende de las condiciones sociales que autorizan a unos sujetos a hablar y condenan a otros a permanecer en los márgenes. El poder mediático nunca ha consistido solamente en emitir mensajes. Reside en la facultad de establecer qué merece visibilidad, quién puede nombrar lo ocurrido y qué interpretación adquiere apariencia de normalidad.

Por eso los derechos de las audiencias no son una concesión paternalista. Son una forma de redistribuir la autoridad comunicativa sin destruir la libertad periodística.

Quien ejerce el periodismo debería encontrarse entre sus principales defensores. El derecho de réplica, la transparencia editorial y el reconocimiento público de los errores no disminuyen la autonomía de un periodista. La vuelven verificable. Un medio que corrige no pierde credibilidad por reconocer una equivocación. La pierde cuando la oculta, la minimiza o desacredita a quien la señala.

El problema resulta especialmente delicado en un país donde la confianza general en las noticias descendió a 31%, su nivel más bajo desde 2017, según el Digital News Report 2026. Al mismo tiempo, 66% de las personas participantes en el estudio declaró utilizar semanalmente las redes sociales para informarse .El vínculo entre medios y ciudadanía se está desplazando hacia espacios gobernados por empresas tecnológicas cuya lógica editorial permanece parcialmente oculta.

Aquí aparece una frontera que la regulación mexicana apenas comienza a reconocer. El marco jurídico de las audiencias continúa concentrado en la radiodifusión y la televisión restringida, mientras una proporción creciente de la conversación pública circula mediante buscadores, redes sociales, sistemas de recomendación y asistentes de inteligencia artificial.

¿Quién responde cuando una voz sintética atribuye declaraciones falsas a una persona? ¿Dónde se ejerce el derecho de réplica si una falsedad fue amplificada por un sistema de recomendación? ¿Cómo puede una audiencia saber si una imagen fue producida, alterada o seleccionada mediante inteligencia artificial?

La IA no elimina la responsabilidad. La fragmenta entre desarrolladores, plataformas, empresas usuarias y responsables editoriales. Esa dispersión favorece una cómoda coartada: todos intervinieron, pero nadie responde.

Los derechos de las audiencias tendrán que extender su horizonte hacia la trazabilidad de los contenidos sintéticos, el etiquetado comprensible, la posibilidad de solicitar revisión humana y el derecho a impugnar decisiones automatizadas que afecten el acceso a la información. Esto no significa trasladar mecánicamente la legislación de la radio y la televisión a internet. Implica admitir que el poder de mediación cambió de arquitectura.

México necesita una gobernanza comunicativa construida mediante corregulación. El Estado debe garantizar derechos sin convertirse en árbitro ideológico. Los medios deben sostener códigos de ética que puedan evaluarse públicamente. Las plataformas tienen que transparentar los procesos que ordenan la visibilidad. La academia y las organizaciones ciudadanas deben producir evidencia sin adjudicarse una supuesta neutralidad moral.

Nadie carece de intereses. La democracia no exige actores puros; necesita procedimientos que eviten que un interés pueda imponerse sobre todos los demás.

La discusión, por tanto, no debería resolverse mediante una reforma precipitada ni desde la imposición partidista. Requiere foros públicos, deliberación técnica y participación efectiva de las propias audiencias, incluidas aquellas que rara vez ocupan un lugar en estas conversaciones: comunidades indígenas, personas con discapacidad, habitantes de zonas rurales y quienes no poseen los recursos educativos para defenderse frente a sistemas comunicativos cada vez más opacos.

Hablar de las audiencias sin escucharlas sería la primera forma de vulnerar sus derechos.

Tal vez la pregunta no sea por qué necesitamos protegerlas. Tal vez debamos preguntarnos quién teme perder el privilegio de hablar sin ser cuestionado. Porque la comunicación democrática no alcanza su madurez cuando todos pueden emitir mensajes, sino cuando quienes poseen mayor capacidad de amplificación aceptan responder ante aquellos cuya atención sostiene su poder.

Los medios y los gobiernos no deberían temer a las audiencias que preguntan. Deberían temer el día en que sus preguntas dejen de dirigirse hacia ellos porque ya no los consideren dignos de confianza.