Redes sociales: el negocio de la atención y el costo en la salud mental de los menores

Antes que redes sociales o de socialización, las grandes plataformas digitales deben verse como lo que realmente son: un negocio de altísima rentabilidad cuyo modelo depende, de manera casi exclusiva, de capturar y retener la atención del usuario el mayor tiempo posible. Ese es el núcleo del asunto. No se trata de una discusión abstracta sobre tecnología o libertad de expresión, sino de una industria que genera cientos de miles de millones de dólares al año monetizando cada minuto que una persona —y especialmente un adolescente— permanece conectada.

El mercado global de publicidad en redes sociales se estima entre 300 y 340 mil millones de dólares anuales, con proyecciones cercanas a los 338 mil millones para 2026. Meta Platforms, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, reportó en 2025 ingresos por 201 mil millones de dólares, la inmensa mayoría provenientes de publicidad, con un beneficio neto cercano a los 60.5 mil millones y márgenes operativos del orden del 41 por ciento. ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, maneja ingresos estimados entre 155 y 186 mil millones de dólares; solo TikTok generó alrededor de 33 mil millones. YouTube, dentro de Alphabet, supera los 40 mil millones solo en publicidad y rebasa los 50-60 mil millones al sumar suscripciones. Estas cifras colocan a estas compañías entre las más rentables del planeta.

El problema es que esa rentabilidad se sostiene sobre una innegable manipulación. Operan gracias a algoritmos impulsados por inteligencia artificial diseñados para maximizar el tiempo de permanencia: notificaciones constantes, scroll infinito, recomendaciones personalizadas y recompensas de dopamina que hacen difícil desconectarse. El resultado: logran atraer a tal grado la atención que, en el caso de los menores de edad —cuyos cerebros aún están en pleno desarrollo—, no solo genera dependencia; puede alterar la percepción de la realidad, distorsionar el autoconcepto. Es una industria que ha perfeccionado el arte de mantener a las personas “enganchadas” y que, por tanto, debe asumir una corresponsabilidad clara en el cuidado del uso saludable de sus espacios. Seguir incentivando modelos adictivos va en contra de una humanidad sana.

En México, según la ENDUTIH del Inegi, en 2024 el 64.3% de la población de 6 a 17 años usaba redes sociales (16.8 millones de menores). Entre los adolescentes de 12 a 17 años la cifra se eleva al 88.4%. El tiempo de exposición es elevado: los jóvenes de esa edad pasan en promedio cerca de 4.7 a 5 horas diarias frente a pantallas, y TikTok destaca con un promedio de más de 45 horas mensuales por usuario. El ciberacoso afecta a entre 23 y 25% de los usuarios de internet de 12 a 17 años.

Hay evidencia científica sobre el impacto en la salud mental. El advisory del Surgeon General de Estados Unidos (2023 y actualizaciones posteriores) señala que los adolescentes que pasan más de 3 horas diarias en redes enfrentan el doble de riesgo de depresión y ansiedad; el promedio actual ya supera ese umbral. Estudios longitudinales recientes asocian el aumento del uso de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube con menor bienestar, autoestima y calidad de las relaciones el mismo día. Y algo muy preocupante: el uso adictivo se vincula, además, con mayor riesgo de ideación suicida. Los mecanismos son claros: comparación social permanente, disrupción del sueño y exposición a contenidos que los cerebros en desarrollo no están preparados para procesar con distancia crítica. Otros países ya han avanzado en regular. Australia prohibió el acceso a las principales redes a menores de 16 años desde diciembre de 2025. Francia recién aprobó una restricción para menores de 15 años. Indonesia y Malasia aplican límites similares a los 16 años. India mantiene una prohibición total de TikTok desde 2020. Estados Unidos forzó la desinversión de las operaciones de TikTok en su territorio. La tendencia internacional es clara: límites de edad efectivos, verificación real, obligaciones de “diseño seguro” y mayor responsabilidad de las plataformas.

En México el debate apenas se detona. El gobierno federal y la SEP impulsan foros regionales para construir una propuesta de regulación. Es un paso necesario, pero insuficiente si no involucra a todos los actores: sector educativo, autoridades de salud pública, reguladores, Legislativo, las propias empresas y, de manera central, las familias. No se trata solo de prohibir celulares en las escuelas —medida ya adoptada en 16 estados—, sino de construir un marco que combine educación digital, límites de edad verificables, transparencia algorítmica y un rediseño de los incentivos que premian la adicción.

maribel.coronel@eleconomista.mx