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Michoacán
El gobierno federal impulsa el Plan Michoacán para reforzar seguridad y desarticular estructuras criminales, aunque persiste la duda de si las acciones actuales realmente transforman el trasfondo del orden delictivo.

Marisol Ochoa | Columna invitada
Se cumple más de un mes del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan. Un evento lamentable que sacudió e indignó a una sociedad que por muchos años ha sufrido violencias y intimidaciones por grupos criminales. A partir de ese acontecimiento, el gobierno federal lanzó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, enfocado en recuperar la seguridad, reforzar la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, atender zonas vulnerables y comunidades, y proteger áreas económicamente productivas del estado. Así, los ejes prioritarios se enfocarían en generar un desarrollo integrado: económico, de seguridad, educativo y cultural que, mediante más de 100 acciones, buscará poner límites a las lógicas criminales locales y regionales y, a su vez, diseñar una coordinación institucional que gestione las condiciones necesarias para construir capacidades policiales y de inteligencia en todas sus formas, a nivel regional y estatal.
Los días pasan, y los resultados dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana el pasado fin de semana nos revelan que la detención por delito de alto impacto suma desde el primero de octubre del 2024 al 15 de noviembre 935 personas, el decomiso de droga en 23 toneladas, 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 laboratorios de metanfetamina. En el mismo sentido, en las últimas semanas —desde el 10 de noviembre a la fecha— en Michoacán las autoridades daban a conocer la detención de 165 personas más, el aseguramiento de 68 armas de fuego, 7,049 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 28 kilos de mariguana, 426 kilos de metanfetamina, 28,800 litros de sustancias químicas y desmantelamiento de 10 campamentos.
La información de las autoridades nos muestra que existe atención y presencia de las autoridades a partir de la implementación de acciones concretas para operar en algunos espacios afectados por la criminalidad. Esto se sustenta con el despliegue de fuerzas federales —Sedena, Marina, Guardia Nacional y SSPYC— conformada con aproximadamente 12,514 elementos que mantienen presencia en zonas estratégicas. Ahora bien, ¿estas operaciones realmente están enfocadas para intervenir en la desarticulación y desmembramiento de redes de contubernio y de lógicas criminales a fondo? ¿Los agentes capturados son operadores de base, mandos medios o agentes estratégicos de las estructuras criminales? ¿Estas acciones afectan las estructuras criminales de fondo?
Sí, se han dado muestras de que existe atención y presencia de seguridad en Michoacán. El problema quizá es preguntarnos si está situado en una mirada autorreferencial que a veces pierde el horizonte para analizar si estas operaciones modifican los problemas estructurales de fondo en el estado. En este sentido, se trata de pensar si realmente las estructuras que han permitido la construcción y fortalecimiento de redes criminales y fomentado la permisividad criminal que se refleja históricamente en la conformación y extracción de rentas por medio de actividades ilegales están siendo vulneradas y desarticuladas a partir de las acciones de una estrategia para pacificar el estado.
El punto crítico de análisis de una estrategia no es solo enfocarse en dar a conocer resultados diarios de decomisos y detenciones, sino si realmente la estrategia está diseñada y enfocada, a partir de intervenciones y operaciones, para alterar y vulnerar el orden criminal preexistente a fondo, a partir de desarticulaciones estructurales de redes de contubernio que han propiciado los controles y acciones predatorias criminales en las regiones. Así, una estrategia desarrollada a conciencia buscará primero la afectación de fondo de las estructuras criminales, para que el orden previamente establecido no pueda volverse a imponer en los espacios con las mismas lógicas y dinámicas extractivas. Sabemos que no pueden existir operativos ni presencia de fuerzas federales eternas, pero sí pueden desarrollarse estrategias que puedan incidir y afectar el fondo de estructuras delictivas, dinámicas ilegales económicas y alterar el orden predatorio criminal… ¿Michoacán será un ejemplo de esto? Ojalá que sí, lo estaremos viendo.

