El fracaso del apagón móvil

A una semana de la fecha programada para el apagón móvil del bienestar, aún faltan por vincularse alrededor de 80 millones de líneas en el registro celular que se impuso por la supermayoría de Morena, al aprobar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR). Al momento de redactar esta colaboración, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) todavía no ha anunciado oficialmente una prórroga del plazo para suspender las líneas, pero la Presidenta Sheinbaum hizo algunas declaraciones públicas que desataron rumores sobre una posible prórroga.

Al respecto, han llamado la atención las notas que fueron publicadas por la abogada Irene Levy, en su columna Telecomunicando, pues en ellas expone las fallas en la implementación del registro celular, como consecuencia de una serie de errores atribuibles a la CRT, y deja muy claro que el problema no proviene de la legislación aprobada por el Congreso, ni de la medida en sí misma, y de paso valida la declaración de la Presidenta en el sentido de que el objetivo del registro no es “espiar”. Básicamente, la culpa no es de Morena, sino de la CRT.

Para Levy, el artículo Trigésimo transitorio de la LMTR estableció que las líneas se suspenderían al concluir 120 días hábiles después de la implementación de la medida, y la CRT se confundió pues equiparó la habilitación de la plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles, con la implementación de la medida. En su opinión, el plazo es insuficiente porque fue mal calculado por la CRT.

La analista señala que esta “diferencia no es menor”, aunque sí lo es. Lo cierto es que el Congreso delegó en la CRT la facultad de definir libremente un “calendario de implementación” para el registro, y la Comisión hizo precisamente lo que le ordenó el Congreso. Tenía plena libertad para interpretar lo que se entendería por “implementación”, y consideró que 30 días naturales para habilitar la plataforma de gestión serían suficientes para ello, y una vez que concluyera este plazo, comenzarían a correr los 120 días previstos en la Ley para la suspensión de líneas.

La CRT no se confundió. Incluso, al llevar a cabo el proceso de consulta pública de sus Lineamientos, reconoció haber recibido múltiples comentarios alertando sobre la insuficiencia de los plazos y estimó “pertinente realizar ajustes al calendario de implementación propuesto” para asegurar “una implementación gradual, consistente con las capacidades del sector y con los objetivos regulatorios de trazabilidad, seguridad y certeza jurídica en los procesos de vinculación y desvinculación”. También señaló en el informe de la consulta que los plazos se basaron en las pruebas piloto realizadas considerando la capacidad de los proveedores.

En este sentido, desde mi punto de vista, la crítica de Levy a la interpretación de la CRT sobre la LMTR es irrelevante para explicar o resolver el fracaso del registro celular.

El problema con el registro celular es la falta de confianza de los usuarios en el Gobierno, y este problema deriva tanto de las deficiencias en la Ley, como en los Lineamientos de la CRT, pues ninguno de estos ordenamientos regula la manera en la que las autoridades podrán acceder al registro. Por las campañas de difusión oficiales, sabemos que el objetivo del registro es combatir la extorsión, pero ni la Ley ni los Lineamientos señalan cuáles autoridades podrán requerir la información a los concesionarios, o qué procedimiento deberá seguirse para ello ni prevén una conexión expresa con los procedimientos legales de colaboración con la justicia. Tampoco se señala si la comisión de un delito con la línea móvil generará una presunción legal de culpabilidad en contra de su titular registrado, aunque la publicidad oficial sí lo sugiere.

Mientras esta incertidumbre subsista, la desconfianza social no se reducirá, sin importar las prórrogas que se emitan, ni la duración de las campañas informativas, la colaboración de los bancos, de las sucursales de OXXO, y mucho menos la distribución de responsabilidades entre el Congreso y la CRT.