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Economía circular: el riesgo no es la ley, es que las cosas sigan igual
Opinión
La nueva Ley General de Economía Circular en México abre una discusión que va más allá de lo ambiental. No es sólo una ley “verde”: es una herramienta de política económica que busca cambiar cómo producimos, distribuimos y qué hacemos con lo que hoy se queda fuera del sistema.
Sobre el papel, suena bien. El reto es lo que sigue
México ya ha pasado por este proceso. La Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible puso sobre la mesa una conversación urgente sobre el sistema alimentario. Publicada en abril de 2024, estableció un plazo de 180 días para su reglamentación que se rebasó. Hoy, su implementación sigue avanzando con los retos propios de coordinar actores, prioridades y capacidades.
Con la economía circular, el riesgo no es que la ley incomode. Es que se quede en ese punto donde todos están de acuerdo… pero nada cambia en la operación.
Porque hay que decirlo sin rodeos: hoy el sistema está diseñado para que sea más fácil descartar que gestionar. Y eso no es casualidad. Es el resultado de años de decisiones donde la disponibilidad pesa más que la eficiencia en el uso de recursos.
En sectores como retail y alimentos, el desperdicio no es un accidente; es la consecuencia de cómo operan las cadenas: inventarios, estándares, logística, rotación. Todo está optimizado para no fallar en anaquel, no necesariamente para minimizar la merma.
Un ejemplo lo ilustra bien desde Chum Chum: una manzana empieza a perderse mucho antes del punto de venta: por estética, daño, transporte o almacenamiento. Para cuando llega al consumidor, ya pasó por múltiples filtros donde parte del producto se quedó fuera. Si no entendemos esa lógica completa, cualquier solución será parcial.
La ley tiene una oportunidad: obligarnos a repensar la operación. Pero para que eso suceda, la implementación debe ser viable.
No se trata de señalar a las empresas. Muchas ya avanzan en estos temas. Pero sin un piso común, cada actor optimiza para lo suyo y el sistema no cambia. Pensar en una aplicación uniforme hoy es poco realista. Lo viable es avanzar de forma gradual: empezar por quienes tienen mayor capacidad —retail organizado, grandes empresas— y generar un efecto en cascada.
También están los sellos de circularidad. La idea es correcta, pero si no generan valor real para el consumidor, se quedarán en una paloma más sin fondo. Para que funcionen, tienen que influir en la decisión de compra.
Otro reto es la infraestructura. En muchos casos ni siquiera hay trazabilidad clara de la merma. No se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, se normaliza.
Esto no es sólo ambiental. Es económico. A nivel internacional, puede representar hasta cerca de 10% del PIB cuando se consideran sus efectos directos e indirectos, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cada alimento carga en el precio con lo que se perdió en el camino. Reducir la merma no es sólo una buena práctica; es eficiencia y mitigar alzas de precios alimentarios en un país con inseguridad alimentaria.
Por eso, la pregunta no es cómo afectará esta ley, sino cómo puede generar valor. Y para la política pública, el reto es claro: ¿cómo hacemos más fácil y más rentable redistribuir y reaprovechar? Mientras tirar siga siendo la opción más simple, nada va a cambiar.
En América Latina, países como Chile han comenzado a traducir estos principios en regulaciones más concretas. México puede avanzar en esa dirección.
La economía circular se construye desde la operación diaria. La ley abre una ventana de oportunidad. Eso implica incentivos, sí, pero también alternativas reales, infraestructura y coordinación, especialmente para los negocios más pequeños, que hoy operan con márgenes limitados y poca capacidad para gestionar excedentes.
Si la ley no se traduce en incentivos claros, reglas operativas y condiciones reales, el riesgo es el de siempre: una buena ley que no cambia nada.
*El autor es Country Manager para Cheaf en México.
