Desconexión regulatoria de más de 100 millones de líneas móviles

Entre las funciones de la regulación se encuentran el impulso de la eficiencia, de la competencia efectiva y del bienestar social, entre otros. Cuando produce efectos contrarios, corresponde corregir su diseño e instrumentación, antes que sus efectos sociales perniciosos tengan lugar. Eso comienza a ser previsible con el registro obligatorio de líneas móviles en México, con un impacto que no sólo medible en el número de registros, sino también en líneas perdidas. La actualización oficial publicada en días recientes reporta 30.2 millones de líneas registradas al 19 de abril, un avance de apenas 18.7% del total del universo de 161.7 millones contabilizadas al final de 2025. En otras palabras, la regularización avanza, pero claramente por debajo del ritmo necesario para alcanzar la meta en el plazo previsto.

Caída en líneas por el registro. Los primeros efectos ya se hicieron presentes en los reportes trimestrales de los propios operadores del primer trimestre de 2026.

En el caso de AT&T México se reportó una pérdida neta de 895,000 líneas de prepago, 3.1% menos en su comparativo anual, que resultó en una caída agregada de 577,000 líneas. Por su parte, América Móvil reportó también un baja en líneas en el subsegmento de prepago de 483,000, equivalente a una caída anual de 0.1% que a su vez, resultó en una caída de 391,000 en su contabilidad total de líneas. Al analizar el churn o tasa de desconexión de ambos operadores, se identifica que esta disminuyó de 3.3% a 3.0% en el caso de Telcel, mientras que para AT&T bajó de 5.8% a 5.6 por ciento. Esto es indicativo que la pérdida neta de líneas no se debe a un aumento en las desconexiones, sino a una caída en la captación de nuevos clientes, atribuible principalmente por el registro. En conjunto, el registro de líneas, al menos para estos operadores, produjo una reducción neta cercana a un millón de líneas en tan solo un trimestre. Ello, sin incorporar todavía los números de Movistar, Bait y los demás Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Prepago, el mayor costo regulatorio. No es casualidad que el impacto se concentre en el subsegmento de prepago. Ahí se ubica la vasta mayoría de los usuarios móviles (83.1%), especialmente consumidores de menor ingreso, temporales, segmentos jóvenes y personas que privilegian flexibilidad sobre permanencia contractual. También es el grupo más sensible a cualquier fricción estructural. Cuando conservar la línea exige registro, validación documental, tiempo de espera o desplazamiento físico, una parte de esos usuarios simplemente deja perder la línea, cambia de operador o posterga su reconexión.

Error: un registro retroactivo. Precisamente, el propio mercado ya depura estas líneas de forma natural, tal que se registra un elevado churn en prepago (4.8%) que resulta en que más de 90% de la base total se renueva en un periodo menor a dos años. El error radica en intentar regularizar simultáneamente el número de líneas de manera retroactiva, en vez de priorizar nuevas altas y migrar gradualmente la base existente. En mercados con alta rotación, como el de México, esa estrategia permite depuración natural sin sacrificar conectividad, como fue aplicada en Francia. Por ello, carece de sentido imponer un registro retroactivo masivo sobre una base que desaparecerá orgánicamente en ese plazo, es decir que se puede instrumentar más eficientemente un registro prospectivo.

Todavía hay margen de corrección. Las cifras oficiales evidencian un rezago significativo en registros. Las cifras de los operadores registran una caída de líneas. Ambos indicadores apuntan a una misma conclusión: el diseño regulatorio actual necesita ajustes urgentes, de otra forma se estarán poniendo en suspensión más de 100 millones de líneas celulares.

Insistir en un plazo inamovible sin flexibilidad en el registro podría traducirse en un impacto en la penetración móvil, menor dinamismo competitivo y mayor afectación a usuarios vulnerables. No sería una victoria regulatoria, sino una desconexión inducida. Regular mejor no significa imponer requisitos leoninos. Significa alcanzar el cometido público con el menor costo social posible. Hoy, los datos del mercado ya advierten que ese equilibrio no será posible.