Los costos de estirar la liga con Trump

Es el sello de la casa. Con menos desparpajo, pero con la misma disonancia cognitiva que caracteriza a la Cuarta Transformación. Mientras la realidad de las presiones financieras y las exigencias comerciales de Estados Unidos toca a la puerta, la narrativa oficial prefiere blindar las lealtades políticas y confrontarse con el principal socio comercial de México.

Se recurre al disfraz de la defensa de la soberanía, pero detrás permanece el elefante en la sala: las evidencias cada vez más difíciles de ignorar sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras del poder, con los costos financieros y económicos que ello implica.

Puede ser un error de cálculo asumir que, por haber sido embajador durante el gobierno demócrata de Joe Biden, descalificar a Ken Salazar como un mentiroso tendrá buena recepción en los círculos cercanos a Donald Trump. En realidad, el señalamiento no va contra una persona, sino contra quien representó oficialmente al gobierno de Washington. Y es precisamente ese gobierno el que ha elevado el combate a los cárteles y a sus presuntos vínculos con actores políticos al rango de una prioridad de seguridad nacional, al catalogarlos como organizaciones narcoterroristas.

Los mercados financieros y las agencias calificadoras leen estos episodios como una señal preocupante: un gobierno más interesado en sostener una narrativa política que en disipar las sospechas sobre la infiltración criminal en las instituciones.

La complacencia tiene un costo. Moody's Ratings materializó uno de los escenarios más temidos al degradar la calificación soberana de México a “Baa3”, con la advertencia de un entorno de debilidad económica persistente y un crecimiento real inferior a 1 por ciento. En Wall Street, además, el consenso apunta al deterioro de la gobernanza y al problema de la inseguridad como factores que operan como un impuesto oculto para la inversión y que restan atractivo al tan esperado nearshoring.

Las represalias económicas no son la única herramienta de la Casa Blanca, y menos cuando se trata de su principal socio comercial, porque una escalada arancelaria también tendría efectos inflacionarios para la propia economía estadounidense.

Hasta ahora, la administración Trump parece inclinarse por una estrategia más pragmática: utilizar la presión política, la cooperación en materia de seguridad y el desgaste de gobiernos que no considera alineados con sus intereses, sobre todo cuando existen vulnerabilidades que pueden ser explotadas.

La agenda comercial ya enfrenta suficientes complicaciones por el giro proteccionista de Washington. Pero si a ello se suma la sospecha explícita de que dentro del gobierno mexicano puedan existir vínculos con organizaciones criminales, las posibilidades de que Donald Trump impulse una ampliación o renovación favorable del T-MEC se reducen considerablemente.

Desde la mañanera se habla con ligereza de que el tratado podría ratificarse en tres o cuatro años. Es una forma de apostar a que Donald Trump ya no estará en la Casa Blanca. Sin embargo, en Washington también pueden estar haciendo un cálculo similar respecto al relevo político en México y decidir que el tiempo juegue a su favor.

Así, mientras el discurso oficial estira la liga con la esperanza de que el reloj desgaste a Trump, Wall Street y Washington construyen una silenciosa pinza de presión.

No hacen falta aranceles espectaculares cuando una degradación crediticia y las dudas sobre el Estado de derecho pueden hacer el trabajo por sí solas.