Competencia por decreto en afores

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) firmaron un convenio para fortalecer la competencia en el Sistema de Ahorro para el Retiro. La colaboración es pertinente, pero obliga a responder una pregunta previa: ¿cómo compiten hoy las afores tras años de regulación sobre comisiones, traspasos y actividad comercial?

Las intervenciones recientes atendieron problemas reales: comisiones elevadas, traspasos indebidos, gastos comerciales difíciles de justificar y acuerdos para limitar la movilidad de cuentas. Pero también introdujeron trabas en un mercado con trabajadores con información limitada, demanda inercial y altos costos de cambio.

Reducir comisiones y cambiar las reglas de traspaso no bastan para crear competencia. Cuando el regulador homogeneiza precios, dificulta la movilidad y restringe la rivalidad comercial, puede proteger de abusos inmediatos, pero también debilitar los mecanismos que obligan a las afores a mejorar.

Un precio importado. La reducción de comisiones produjo un beneficio directo: mayor proporción de los rendimientos permanece en las cuentas de los trabajadores. Sin embargo, la forma en que se determina la comisión máxima es difícil de justificar como regulación tarifaria convencional.

El límite no parte de los costos de las administradoras más eficientes, de sus obligaciones operativas, de la calidad de sus servicios ni de las condiciones económicas del SAR. Se calcula con referencias de Estados Unidos, Colombia y Chile.

El mecanismo mezcla sistemas distintos. Chile y Colombia utilizan esquemas de cobro sobre el flujo de aportaciones, convertidos en tasas equivalentes sobre saldo para compararlos con México. La referencia estadounidense proviene de ciertos fondos generacionales que operan dentro de una arquitectura financiera e institucional diferente.

Después, las tres referencias reciben el mismo peso en un promedio simple, aunque no correspondan a servicios idénticos ni a condiciones regulatorias comparables. Así, decisiones regulatorias, condiciones financieras y movimientos cambiarios de otros países pueden modificar el máximo que cobran las afores mexicanas, aunque dentro del SAR no haya cambiado ningún costo, obligación o indicador de eficiencia. La comisión máxima está más vinculada con circunstancias extranjeras que con el mercado que pretende regular.

Las referencias internacionales pueden ser útiles. Pero no deben sustituir el análisis económico del mercado nacional y convertirse en fórmula automática.

Este tope produjo una comisión prácticamente uniforme. Para 2026, la Consar autorizó 0.54% sobre los saldos administrados para nueve afores y 0.52% para PensionISSSTE. En los hechos, el precio dejó de ser una variable real de diferenciación.

Esa uniformidad tampoco es neutral. Las afores cobran sobre el saldo, pero enfrentan costos por registrar, informar y atender cada cuenta. Una administradora con afiliados de saldos promedio elevados obtiene más ingresos por cuenta que otra que atiende principalmente a trabajadores con menores saldos, aunque ambas cobren el mismo porcentaje.

Las economías de escala amplifican esa diferencia. Las administradoras con grandes volúmenes distribuyen sus costos tecnológicos, regulatorios y operativos entre una base más amplia. Las que gestionan cuentas de menor saldo tienen menos margen para financiar atención y expansión. Una tarifa uniforme no produce necesariamente condiciones uniformes de competencia.

La movilidad es otro componente esencial. Las reglas de traspaso se endurecieron para reducir suplantaciones, cambios no consentidos y prácticas comerciales abusivas. Pero la seguridad también puede elevar excesivamente los costos de cambio.

Un requisito digital adicional puede ser menor para una persona con teléfono propio, conectividad y familiaridad con las plataformas. Puede convertirse en una barrera para quien comparte dispositivo, tiene acceso limitado a internet o necesita asistencia presencial.

En ese contexto, la permanencia no demuestra satisfacción. Puede reflejar que cambiarse resulta costoso, confuso o impráctico. Una cuenta inmóvil por fricción regulatoria no equivale a una cuenta retenida por mejores resultados.

Tampoco toda actividad comercial es desperdicio. La publicidad, promotores y captación cuestan y pueden incentivar traspasos que no crean valor. Pero los canales de atención informan, facilitan comparaciones y permiten que una administradora dispute cuentas a competidores establecidos.

Revisar empresas y reglas. La CNA debería aprovechar el convenio para realizar un diagnóstico integral. No basta con investigar conductas ilícitas de las empresas; también debe revisar el mercado construido por la regulación.

Tendría que analizar en qué dimensiones compiten las afores, quiénes enfrentan mayores barreras para cambiarse, si la fórmula del tope tiene justificación económica, si afecta asimétricamente a distintos modelos de negocio y si existen condiciones reales para entrar, expandirse e innovar.

El objetivo no es preservar las utilidades de las administradoras ni recuperar prácticas cuestionables. Es maximizar los rendimientos netos, calidad de los servicios y la capacidad de elección de los trabajadores.

Para conseguirlo, la CNA debe revisar no solo si las afores cumplen las reglas, sino si las reglas actuales les permiten competir. La competencia no consiste en que todas cobren lo mismo, sino en que ninguna pueda darse el lujo de dejar de mejorar.

*Profesor universitario (UNAM) y economista (UNAM y CIDE). Especialista en análisis económico aplicado a litigios, competencia y regulación.