El 27 de febrero se cumplirán dos años de que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó el Plan Final de Implementación de la separación funcional de Telmex-Telnor. A partir de esa fecha, ambas empresas tenían un plazo máximo de dos años para cumplir los requerimientos del regulador y crear las empresas que proveerán servicios mayoristas a los concesionarios de telecomunicaciones, lo cual ocurrirá el 27 de febrero de 2020.

El 17 de enero el IFT aprobó la última y más conflictiva obligación de Telmex-Telnor para avanzar en el Plan Final de Implementación: la transferencia de personal a las empresas mayoristas. Tanto el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana como el Sindicato de Telefonistas de Baja California y Sonora manifestaron su oposición a la separación funcional, porque atenta contra los derechos de los trabajadores, los derechos adquiridos de Telmex-Telnor bajo su título de concesión y el derecho a un equilibrio económico.

El IFT avaló que para los trabajadores sindicalizados se utilice el esquema de “prestación de servicios”. En un contrato de prestación de servicios un profesional se obliga a realizar una serie de servicios o actividades a cambio de una remuneración, mediante el cumplimiento de metas, horas, objetivos o proyectos.

Para los trabajadores de confianza, el IFT aprobó el esquema de “sustitución patronal”. Consiste en que los derechos y obligaciones que integran las relaciones de trabajo se transmitan, sin modificarse, a un patrón distinto del originalmente facultado y obligado. O sea, de Telmex-Telnor a las nuevas empresas mayoristas. La primera y más importante consecuencia de la sustitución patronal radica en que “no afectará las relaciones de trabajo de la empresa” (Ley Federal de Trabajo).

La decisión del IFT desató reacciones desproporcionadas de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que en su comunicado dijo que “el esquema para la transferencia de personal atenta contra la independencia entre Telmex-Telnor y las empresas mayoristas”. Revisemos con más detalle el marco jurídico.

El artículo 5 de la Constitución señala que “nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”. El mandato de transferencia y migración obligatorias de personal de Telmex-Telnor a las empresas mayoristas no tenía el consentimiento de los trabajadores y, por lo tanto, es inconstitucional.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones también dice en su artículo décimo octavo transitorio que “los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos [de radiodifusión y telecomunicaciones], se respetarán”.

Descendamos varios escalones en la jerarquía jurídica hasta llegar a la figura del “acuerdo”, después de haber conocido en los párrafos anteriores el principio máximo de la Carta Magna. El Acuerdo del IFT (27 de febrero de 2017) donde ordena y obliga la separación funcional señala que la empresa mayorista “deberá” “tener personal y esquemas de contratación y remuneración independientes a los de cualquier empresa bajo el control o influencia, directa o indirecta, del Agente Económico Preponderante que preste otros servicios de telecomunicaciones”. Por independencia se entiende que no estará bajo el control ni la influencia, directa o indirecta, de las personas que controlen y tengan influencia en Telmex-Telnor.

Veo una contradición legal (Acuerdo-Constitución) y un principio (independencia) que puede prevalecer con la vigilancia del IFT. Ningún acuerdo ni regulación está por encima de la Constitución. Al ordenar la transferencia y migración de personal, el Acuerdo del IFT atentó contra el consentimiento de los trabajadores. El IFT redactó una regulación laboralmente deficiente y obligó a una transferencia de personal que no admite la Constitución porque es sin consentimiento.

El IFT se percató de su yerro regulatorio porque en el Acuerdo donde aprueba el Plan Final de Implementación (27 de febrero de 2018) dice: “se le otorgó [a Telmex-Telnor] la oportunidad de proponer los mecanismos necesarios a fin de garantizar sus obligaciones laborales y proponer el esquema que mejor considere para el cumplimiento de lo ordenado por el IFT, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Transitorio Décimo Octavo del Decreto Constitucional”. Y luego reconoce: “el IFT no es autoridad competente en materia laboral”.

En su torpeza y soberbia regulatoria, el IFT provocó un conflicto político-laboral cuya consecuencia pudo ser una huelga de telefonistas y la afectación al servicio público de telecomunicaciones y el derecho de acceso a las TIC de millones de mexicanos. El conflicto llegó hasta la Secretaría de Gobernación. El IFT debería estar agradecido con el preponderante porque consiguió el consentimiento de los trabajadores mediante las figuras de “prestación de servicios” y “sustitución patronal”, lo que permitió conjurar la huelga.

La independencia entre empresas no se consigue con los esquemas de contratación sino con mecanismos más efectivos como códigos de ética, de actuación, planes de productividad, procedimientos y condiciones precisas de comunicación entre empresas.

¿El “contrato de trabajo” sería un esquema más independiente? ¿Se prefiere trasladar un costo social a las nuevas empresas mayoristas para hacerlas inviables financieramente? ¿Se pretende que los servicios mayoristas sean más caros porque la empresa mayorista y sus clientes deben asumir el costo de una relación de “contrato de trabajo”? La Canieti también debería estar agradecida con Telmex-Telnor porque los asociados que soliciten el acceso a la red y los servicios de las empresas mayoristas no van a pagar el costo social de un “contrato de trabajo”, sino el de la “prestación de servicios” y “sustitución patronal”.

La Canieti confundió el principio de independencia (que debe vigilar el IFT) con el esquema de contratación. La independencia depende de otros criterios.

*El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

En comunicación

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.