Reforma política en el DF, manzana envenenada

A los políticos les importa la política, no la ciudad. Han construido una reforma política onanista para el DF (para su disfrute solitario). Tienden con ella una vistosa cortina de pirotecnia legaloide sobre las verdaderas necesidades de nuestra urbe. La Ciudad de México exige gobiernos con liderazgo, competentes, sólidos, responsables y eficientes. Demanda una reforma de movilidad y transporte, una reforma urbana, una reforma fiscal, una reforma del espacio público, una reforma de gestión territorial, una reforma en servicios públicos, una reforma en seguridad, y desde luego, una reforma que combata a fondo la corrupción. No una reforma política; menos, la que quieren los políticos.

Es verdad que el dictamen del Senado al respecto plantea cosas razonables: clarifica condiciones de coexistencia entre el gobierno federal y la Ciudad de México (CM) en el mismo espacio territorial, le confiere atributos y derechos a la CM como integrante del pacto federal, crea un Fondo de Capitalidad, y plantea mecanismos de coordinación metropolitana (Consejo de Desarrollo Metropolitano). Concedamos que califican como positivas la autonomía financiera de la CM y en lo concerniente a su régimen interior. Hasta ahí. Ésta es la manzana jugosa que los políticos ofrecen, aderezada de un recubrimiento de descentralización, democracia y subsidiariedad, destinado a atraer a una ciudadanía que consideran ingenua y manipulable, pero en realidad, saturado de una terrible ponzoña: La balcanización de una ciudad que es unidad funcional indivisible, el desmembramiento político de su territorio, la segmentación de facultades y la institucionalización de feudos y cacicazgos en un escenario de dislocamiento en la gobernanza de la urbe.

El dictamen pretende crear alcaldías en las 16 delegaciones políticas, así como entre 10 y 14 concejales partidarios en cada una, con sus respectivos cuerpos de asesores. Sus facultades serían establecidas por la nueva constitución de la Ciudad de México, en la que es previsible una redistribución de competencias hacia las alcaldías en menoscabo de la administración central de la ciudad. Las alcaldías tendrían autonomía en el ejercicio del gasto y su presupuesto sería aprobado por los concejales, mismo que estaría integrado por ingresos derivados de servicios públicos y por participaciones federales. Si bien las alcaldías no podrían contraer empréstitos ni recaudar impuestos, tendrían personalidad jurídica para operaciones financieras e inmobiliarias. Habría una costosa asamblea constituyente de 100 diputados, adicional a la Asamblea Legislativa (pro bono sería no creíble; nadie trabaja gratis).

La reforma política dictaminada es un desfiguro democrático; una coartada de quienes quieren capturar para siempre parcelas de la ciudad; un señuelo descentralizador; una cortina de confusión de atribuciones y responsabilidades que multiplicará la corrupción; un nuevo hoyo negro de dispendio presupuestal; un nuevo campo de gratificación para los partidos políticos y sus clientelas; una fractura institucional-territorial a contrapelo de las tendencias internacionales de concentración técnica, regulatoria y de gestión en las grandes metrópolis; y capricho sordo a los aciagos problemas y experiencias de las ciudades mexicanas segregadas en feudos municipales (Guadalajara, Monterrey, La Laguna, Veracruz).

La Ciudad de México exige una institucionalidad de gobierno acorde con la escala espacial de las funciones y procesos urbanos; una sólida administración central con facultades y aptitudes técnicas consecuentes; nuevas entidades técnicas de alta calidad en planeación, construcción y operación de infraestructura, y en desarrollo de proyectos urbanos; nuevos organismos operadores de servicios públicos; nuevos ámbitos de alianza-público privada y de participación de la sociedad civil; sistemas mandatorios y funcionales de coordinación metropolitana; capacidades de respuesta local a las demandas locales de los ciudadanos en las demarcaciones políticas, y una policía de clase mundial. No una reforma política.