Principios constitucionales para indecisos

Encerrado en su palacio, el bufón, desesperado, saca conejos del sombrero, esperando que los espectadores del circo le aplaudan la gracejada. Algunos lo hacen, mientras los payasos les avientan cacahuates. La mayoría se levanta de su asiento y sale de la carpa...

Me parece que es clara la intención de López Obrador con la serpentina de iniciativas que presentó ayer: quiere que nos enfoquemos en discutir lo aberrantes que son para distraer nuestra atención de los asuntos que verdaderamente le preocupan: la evidente corrupción de sus hijos que se han atascado sin pudor alguno con contratos del gobierno de su padre (y seguramente con su venia y bendición), y el cúmulo de evidencias que empiezan a salir sobre su más que probable colusión con los cárteles de la droga y otros grupos del crimen organizado.

Si bien pienso que hay que dejarlo hablando solo y enfocarnos en su corrupción y en los pactos que tiene con el crimen organizado, es importante aclarar algunos principios de constitucionalidad. Con los fanáticos de la secta no tenemos nada de qué hablar, pero sí con los millones de indecisos, que son quienes definirán a la ganadora en la próxima elección presidencial.

Antes que nada, hay que entender que la Constitución existe para proteger a los individuos frente al gobierno. La primera parte de ella se refiere precisamente a las garantías y derechos humanos que tenemos todos los individuos frente a los políticos y burócratas, partiendo de un principio esencial del liberalismo: los particulares podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando no esté expresamente prohibido; por otro lado, el gobierno no puede hacer nada que no le haya sido expresamente permitido por la Constitución.

En sentido contrario a los principios del constitucionalismo, las reformas propuestas por López Obrador pretenden voltear la ecuación y proteger al gobierno (o sea, a él y su pandilla) de los ciudadanos. Al desaparecer al INAI quiere que no nos enteremos de sus tranzas y corruptelas. Le parece muy molesto que los ciudadanos tengamos un mecanismo para que los funcionarios públicos nos expliquen qué hacen con nuestro dinero y cómo están resolviendo los problemas del país. Al desaparecer a la Cofece y el IFT, López Obrador pretende que el gobierno pueda meter su mano en los mercados en perjuicio de la libre competencia. Quiere seguir creando y fortaleciendo empresas públicas para poner a sus cuates y cómplices, y vender favores y plazas a grupos de choque o de apoyo político, sin ningún interés por el bienestar de los consumidores o de las cadenas productivas. Al limitar las atribuciones del poder judicial para declarar la inconstitucionalidad de los actos del congreso y del presidente, lo que busca es poder violar la Constitución sin que haya ningún poder que pueda cuestionarlo o servir de balanza.

En sus diatribas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador dice que los ministros deben ser elegidos por voto popular. Es decir, quiere que los jueces sean políticos. ¿Qué hay más corrupto que un político? ¿De verdad creen que sustituir jueces por Salgados Macedonios es el camino a la honestidad y la justicia? Si en México tenemos un 99% de impunidad no es por los jueces, sino porque las fiscalías, los ministerios públicos y las policías, todos dependientes del presidente y los gobernadores, son corruptos e ineptos. ¿A estos mismos corruptos e ineptos les vamos a confiar la justicia y nuestra libertad?

Dicho esto, propongo a la oposición que dé una explicación sencilla de lo que está en juego, pase la hoja, no discuta en el congreso esta sarta de sandeces, y se enfoque en desenmascarar a López Obrador y su camarilla de rufianes, incluida su marioneta.

@gsoriag