Cambio en rendición de cuentas buscaría corregir vicios con AMLO: expertos

El decreto presidencial para fortalecer la transparencia en el gobierno federal y las reformas anunciadas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dejan todavía pendiente temas como el abuso en la clasificación de información bajo motivos de seguridad, afirmó el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

Para Bohórquez, lo anunciado ayer “todavía tiene un dique a la transparencia total: la clasificación de temas como seguridad nacional. Esta es una de las figuras de las que más se ha abusado para ocultar información desde la época de (Enrique) Peña Nieto. En vez de revisar cuidadosamente qué información realmente afecta a la seguridad nacional, se ha utilizado como forma para ocultar de todo”.

La “transparencia total” de la que se habló, consideró, “pasa por limitar los casos en los que se oculta información desde las Fuerzas Armadas, que intervienen en cada vez más temas del gobierno civil”.

El decreto, agregó, “reconoce que la reforma promovida por el expresidente (Andrés Manuel López Obrador) generó confusión entre dependencias y entidades gubernamentales, que vieron en esa reforma la oportunidad de esconder información clasificándola como reservada. Pone foco en que el grueso de la información es pública de oficio y limita la clasificación de reservada a los procesos judiciales en curso y los temas de seguridad nacional”.

“El efecto más importante del decreto es mandar la señal presidencial de que la publicidad de la información no es un asunto que definen los funcionarios, sino la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, los efectos sobre la corrupción de la administración pública federal serán limitados. Dependerá del uso de esa información que haga la ciudadanía, los medios de comunicación, los periodistas de investigación y las organizaciones de derechos humanos. También dependerá de la reacción oficial ante lo que revelen estos actores sociales. Si conocer aquello que revele esta información irrita al gobierno y ‘cierran filas’, el efecto disuasorio de la transparencia se irá perdiendo”, explicó.

El decreto, dijo por su parte, Adrián Alcalá Méndez, último presidente del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un “parche temporal que no sustituye la autonomía” y que contiene más “cosas preocupantes” que aspectos “positivo”.

“Aun cuando las medidas de transparencia activa que se incluyen en el decreto son positivas, es decir la publicidad de los contratos por parte de Pemex y las filiales y de CFE, las contrataciones públicas, la fiscalización y auditorías, no resuelven la paradoja institucional de fondo”.

Decreto

Por la mañana de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer el principio de máxima publicidad previsto en el Artículo 6 de la Constitución, con el que el Gobierno federal buscará ampliar la información disponible en el Portal Nacional de Transparencia, reducir los supuestos de reserva de información y publicar mensualmente los contratos públicos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el objetivo es garantizar tanto el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y oportuna como transparentar el ejercicio de los recursos públicos.

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole", recordó al citar el artículo 6 constitucional, al tiempo que enfatizó que la información generada por el gobierno debe ser pública y que únicamente podrá reservarse de manera temporal por razones judiciales o seguridad nacional.

Contratos cada mes

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que las disposiciones del decreto, publicado este 4 de agosto, posteriormente serán incorporadas mediante reformas a la Ley General de Transparencia.

Explicó que la medida busca que las instituciones publiquen información adicional a la que actualmente exige la ley y fortalecer el acceso ciudadano a los datos gubernamentales.

Entre las principales acciones destacó que la información sobre contrataciones públicas dejará de actualizarse trimestralmente y pasará a publicarse cada mes, con el propósito de que los contratos del Gobierno federal permanezcan permanentemente actualizados.

Asimismo, señaló que el decreto contempla una mayor apertura en la información relacionada con las filiales de Pemex y CFE, incluyendo estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante agencias extranjeras.

En materia de fiscalización, indicó que también se difundirá información adicional sobre el programa anual de auditorías, estadísticas, seguimiento a observaciones, así como el padrón y la designación de despachos de auditoría externa.

Más información

Buenrostro aseguró que, tras la desaparición del Inai y la transferencia de funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Plataforma Nacional de Transparencia presentaba problemas constantes de funcionamiento.

Indicó que durante el proceso de recepción se trabajó en estabilizar el sistema, el cual tiene más de ocho años de operación, además de incorporar nuevas herramientas para facilitar la descarga y análisis de la información pública.

Añadió que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporará más información de interés público para ofrecer contenidos más completos y actualizados.

Como parte del decreto, la secretaria explicó que también se simplificarán los supuestos bajo los cuales la información puede mantenerse reservada.

Precisó que actualmente existen 17 fracciones relacionadas con la clasificación de información, pero se buscará concentrarlas únicamente en los criterios previstos por la Constitución: interés público y seguridad nacional.

Además, señaló que, aun cuando exista información reservada, la prioridad será elaborar versiones públicas para que únicamente permanezcan confidenciales los datos estrictamente protegidos.