El viernes pasado, se concretó la promulgación y publicación de la reforma constitucional que transforma al distrito federal en Ciudad de México (CDMX), consolidando con ello un modelo de representación política que reivindica, entre otros aspectos, el añejo reclamo para dotar a las y los habitantes de la capital de su propia constitución, así como un diseño legal más favorable al ejercicio de su autonomía, en el ámbito institucional y ciudadano, similar a la que existe en los demás estados de la República.

Todavía a principios de los años 90 ni siquiera se votaba por el jefe de Gobierno, diputados locales o jefes delegacionales. La ciudad la gobernaba un departamento del distrito federal a cargo de regentes designados y removidos libremente por el presidente de la República en turno y no electos directamente en las urnas. La vida política y los espacios de participación ciudadana tenían limitantes evidentes frente a las 32 entidades federativas.

Un punto de inflexión que inició la ruta hacia la constitución local en puerta sucedió hace casi dos décadas, cuando la reforma de 1993 permitió, junto con decretos posteriores, que los otrora asambleístas representantes dejaran de tener únicamente facultades para emitir reglamentos y bandos y se convirtieran en diputados facultados para diseñar y aprobar leyes. La Asamblea de representantes cambió a Asamblea Legislativa y finalmente, en 1997, tuvimos la primera elección de esos diputados locales y del jefe de Gobierno.

El DF transitó de los regentes a los gobernantes votados por mecanismos de democracia directa y poco a poco fue perfilando una identidad con reglas propias, que ya no dependían en varios rubros de políticas y decisiones centralizadas.

Un segundo momento clave lo encontramos en el Pacto por México, firmado por las fuerzas políticas con mayor representación al arranque de este sexenio (PRI-PAN-PRD). El documento con los acuerdos de esa iniciativa estableció expresamente en su compromiso 91 una agenda concreta para la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal , incluyendo la definición de el nombre oficial de Ciudad de México y una Constitución propia , así como revisar las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF e impulsar en el orden de gobierno delegacional o equivalente la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación .

Hubo (y sigue habiendo) ángulos polémicos en la reforma constitucional que aprobó el Senado en diciembre pasado y logró el aval de las legislaturas de los estados, aunque es una realidad que hace 20 años la Ciudad no elegía a través del voto directo a sus gobernantes y hoy sí; que las delegaciones no tenían cabildos como los municipios y ahora con la reforma tendrá alcaldías integradas también por concejales; que ya no será un estatuto de gobierno la base que rija a quienes habitamos en esta que es una de las urbes más pobladas del mundo, sino una constitución propia.

Ésa es la siguiente escala, integrar una asamblea constituyente que estará conformada por 100 diputados: 40 designados, de los cuales seis serán definidos por el presidente de la República; seis por el jefe de Gobierno; 14 por la Cámara de Diputados, y 14 por el Senado; más 60 electos por listas de representación proporcional a la votación de partidos o candidaturas independientes que se registren y estén en las boletas el próximo 5 de junio.

Por mandato de la reforma, el INE es el responsable de organizar la elección de esos 60 constituyentes y tiene 15 días contados a partir del viernes 29 de enero para emitir la convocatoria con las reglas que deberán observarse para desahogar este ejercicio inédito.

Las y los constituyentes no recibirán remuneración por su encargo, el cual será transitorio, pero sin duda histórico, porque implica producir la primera constitución de la nueva CDMX y remontar resabios arraigados de un esquema acotado para el ejercicio de libertades políticas plenas, vigente desde medidos del siglo XIX y hasta finales del XX, el cual había negado a la capital tener las mismas condiciones que cualquier otra entidad federativa.

El INE debe garantizar, en los próximos días, condiciones de competencia para que se difundan las ofertas de representación de los partidos y candidaturas independientes, que se instalen urnas el día de la jornada de votación, que se cuenten los votos, se informen oportunamente los resultados y con transparencia se construya este paso fundamental en favor de los derechos y las libertades de la CDMX.

*Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral

Twitter:@MarcoBanos