El artículo 6º de la Constitución establece “el derecho al libre acceso a información plural y oportuna”. Para garantizar este derecho, en la fracción VIII se decreta un órgano constitucional autónomo que, entre otros principios, observará la transparencia, imparcialidad, independencia y objetividad. Ese ente es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que como IFAI, entró en funciones en 2002 enarbolando el principio rector de que la transparencia permite que la sociedad vigile o fiscalice las políticas y presupuesto de las entidades del estado fomentando su rendición de cuentas. Así, el INAI es una institución vertebral de la arquitectura de la democracia del país y la vigencia del estado de derecho. Marca un avance para incentivar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Lo notable fue que su surgimiento no provino del interior del poder burocrático, sino como un fenómeno inédito de movilización de la sociedad civil representada por académicos, partidos políticos, periodistas, analistas y escritores aglutinados en el llamado “Grupo Oaxaca”. Al no haber sido una imposición gubernamental, le dio legitimidad democrática. Solo siendo autónoma esta institución, se evita el conflicto de interés y se garantiza que la información se otorgue sin salvedades ni condiciones.

El marco de acción del INAI es muy amplio y otorga el derecho de acceso a la información que esté en posesión de cualquier entidad del legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, los estados y los municipios.

En sus 18 años de existencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales esencialmente ha funcionado bien. Su principal instrumento es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que coordina a los institutos de las entidades federativas, al Inegi, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación.

El empeño de López Obrador por dinamitar a este pilar sólo se entiende desde su óptica autoritaria, centralista y antidemocrática. Que la Secretaría de la Función Pública absorba las funciones del INAI siendo juez y parte iría en contra del espíritu de la transparencia. Dice el presidente que su presupuesto de 918.7 millones de pesos “nos sale muy caro”. ¿Comparado con qué? ¿Con 856 millones destinados al beisbol (Probeis más adquisición y remodelación de estadios) y 102.6 millones destinados en 2021 al Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas? Además, señaló que está en contra de que se reserve información, “todo tiene que ser público, no ocultamos nada”. Pero ese mismo día, se dijo que los contratos con Pfizer ¡estarían reservados del público por cinco años!

López Obrador cree que el camino legal para la desaparición del INAI es sencillo, un simple ajuste burocrático para transferir sus funciones a la Función Pública. Pero dado el fundamento del artículo 6º, se requiere una modificación constitucional para eliminarlo. Veremos si los legisladores son demócratas para evitar este absurdo retroceso.

Twitter: @frubli

Federico Rubli Kaiser

Economista

Revista IMEF

Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.

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