El presidente López Obrador se comprometió a reducir los tiempos oficiales de la radio y la televisión. Esta iniciativa es un intento por congraciarse con los medios electrónicos privados y obtener una mejor cobertura de los temas de la agenda pública que el propio mandatario y la realidad imponen. El llamado “tiempo fiscal” de la radio y la TV ha sido una forma de control político autoritario impuesto en su momento por Gustavo Díaz Ordaz, una forma de tener espacios permanentes en los medios electrónicos por el enorme impacto que tuvo la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 y, posteriormente con el gobierno de Vicente Fox, una moneda de negociación clientelar con el poder mediático.

El anuncio fue dado a conocer durante la 60 Semana Nacional de la Radio y la Televisión. A casi un año de gobierno de la Cuarta Transformación, le llegó el turno al Ejecutivo Federal de sucumbir a la influencia y los intereses de la radio y la televisión en un momento de crisis comunicacional ante diversos eventos mediáticos de muy alto impacto.

Mientras el Presidente acude al evento anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), un sector que generó en 2018 un total de 26,518 millones de pesos y tiene más de 43 mil empleados, no ha estado presente en ningún evento de telecomunicaciones, a pesar de que este sector generó 466,312 mdp y emplea a más de 200 mil personas.

Los tiempos oficiales están conformados por el tiempo fiscal y los tiempos del Estado.

El tiempo fiscal es el impuesto que pueden pagar en especie las empresas que tienen concesiones para el uso de bienes de la nación como el espectro radioeléctrico y declaradas expresamente de interés público. Para efectos prácticos, se trata de las estaciones de radio y las emisoras de televisión.

El decreto que autoriza el cobro de este impuesto data del 31 de diciembre de 1968 y entró en vigor el 1 de enero de 1969 (véanse las fechas tan peculiares cuando fue publicado el decreto y entró en vigor). Fue idea del entonces Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y el impuesto equivalía a 12.5% de tiempo de transmisión en radio y TV.

Treinta y tres años más tarde, el 10 de octubre de 2002, en una edición inédita nocturna del Diario Oficial de la Federación, se publicó un nuevo decreto que reducía de 12.5 a 1.25% el tiempo fiscal a los radiodifusores. El impuesto quedó en 18 minutos diarios de transmisión para las estaciones de TV y 35 minutos diarios en las de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de 20 a 30 segundos. A este ordenamiento nocturno se le conoció como decretazo y fue negociado directamente por la entonces primera dama, Martha Sahagún, con los ejecutivos de la principal televisora del país.

Por su parte, los tiempos del Estado están contemplados en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Son 30 minutos continuos o discontinuos gratuitos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos del Estado son administrados por la Secretaría de Gobernación. La legislación señala que la forma de dividir esos 30 minutos será de 15 minutos en formatos o segmentos de no menos de 20 segundos cada uno y 15 minutos en formatos no menores de cinco minutos cada uno.

En suma, los tiempos oficiales a los cuales hizo referencia el presidente AMLO en el evento de los industriales de la radio y la TV son la suma de los 30 minutos diarios del Estado más el tiempo fiscal o impuesto del 1.25% o 18 minutos diarios de TV y 35 minutos de radio.

El Ejecutivo Federal dijo ante los empresarios de la radio y la TV que no se requería una reforma legal para “reducir los llamados tiempos oficiales”, sino que tenía la facultad de promulgar un decreto. Esta confusa declaración hace suponer que el Presidente se refería exclusivamente al tiempo fiscal de 1968 modificado en 2002, pues de lo contrario sí tendría que reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su capítulo de tiempos gratuitos para el Estado.

Llama la atención que mientras el gobierno federal está en la búsqueda de incrementar la recaudación fiscal y gravar, por ejemplo, las plataformas digitales y preservar el IEPS en telecomicaciones, al mismo tiempo se comprometa a reducir los tiempos oficiales vía la eliminación del impuesto en especie del 1.25% a la radio y TV.

Hay otro problema. El artículo 48 Apartado A de la Constitución señala que partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) 48 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de TV, en el horario comprendido entre las seis y las 24 horas.

Estos 48 minutos a disposición del INE que refieren la Carta Magna y la ley electoral, son el resultado de los 30 minutos de los tiempos del Estado previstos en la LFTR y los 18 minutos de tiempo fiscal de la TV del decreto de 2002. Reducir los tiempos oficiales por decreto comprometería estos 48 minutos a los cuales tienen derecho por mandato constitucional los partidos, precandidatos, candidatos y autoridades durante los procesos electorales.

De cumplir su compromiso con los concesionarios de la radio y la televisión, el Ejecutivo Federal no sólo reduciría y afectaría sus propios espacios en los medios electrónicos, sino los de los poderes Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos, de las autoridades electorales y de los partidos políticos y sus candidatos que también los utilizan en su momento. Se modificaría sustancialmente la relación del poder político con los medios pero acotando la deliberación pública.

El Presidente no sólo acapararía la atención de la agenda mediática durante su conferencia matutina y su repercusión en las redes sociales, es previsible que consiga una mejor cobertura en los medios electrónicos por satisfacer su petición histórica de erradicar el tiempo fiscal, reduciría la presencia mediática de los otros poderes de la Unión, de los entes autónomos por los que ya ha expresado desprecio, incluido el INE, así como la presencia de los partidos de oposición durante los procesos electorales. Todo eso es lo que está en juego.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM

En comunicación

Estudio los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente