Es difícil distinguir si lo que hay en el tono celebratorio del Gobierno federal (Legislativo incluido) sobre el impuesto mínimo global corporativo es un optimismo excesivo o una ingenuidad de antología. Hemos escuchado cifras sorprendentes sobre la recaudación que dejaría en México ese nuevo gravamen internacional (30,000 millones de pesos) y la insistencia en que podría incorporarse en la regulación fiscal de 2022. En el fondo, quizá, es pura propaganda para motivar a optimistas y embaucar a ingenuos.

El impuesto global es un artefacto en construcción, tan lleno de detalles que el propio diablo puede perderse (¿quién dijo que entender impuestos era sencillo?). Muchos buenos augurios se sustentan en la velocidad con la que los países alcanzaron el acuerdo para diseñar el impuesto, pero lo único claro es que no entrará plenamente en operación antes de 2023.

  1. Apenas en abril Estados Unidos se puso a la vanguardia en la promoción de un impuesto global, similar al que la OCDE ha impulsado desde hace años, como un paso obligado para subir la tasa en su territorio de 21% a 25%: incrementar el impuesto local sin un cambio de régimen global motivaría a más compañías a migrar a jurisdicciones benévolas.
  2. El impuesto global busca un piso fiscal mínimo para evitar el nomadismo que caracteriza a las grandes transnacionales, con capacidad para llevar sus sedes fiscales a las jurisdicciones más benignas (léase paraísos fiscales). Un caso ejemplar es el de Microsoft, cuya subsidiaria en Irlanda generó utilidades por 315,000 millones de dólares en 2020 y pagó 0 dólares en impuestos corporativos por tener su sede fiscal en Bermuda.
  3. Desde que Janet Yellen presentó la postura de Estados Unidos bastaron tres meses para que el concierto de naciones se sumara. Pero falta un trámite bien importante: que la iniciativa obtenga el aval del Senado estadounidense, dividido 50-50 entre demócratas y republicanos. Los republicanos se niegan a subir la tasa local; podrán aprobar cualquier cosa para aplicarse en otras jurisdicciones, pero no está claro si aceptarán la propuesta del presidente Biden para ejecutar en casa.
  4. El acuerdo global en términos prácticos se basa en crear un impuesto mínimo de 15% a las ganancias de las corporaciones transnacionales, que en algunas jurisdicciones como la irlandesa obligaría a imponer una tasa 2.5 puntos porcentuales por encima de la vigente y en otras, como la mexicana, la podría recortar 50% (actualmente es de 30% en el papel; en los hechos es otra cosa: hay 40 sectores que pagan una tasa efectiva inferior a 5%). (Irlanda, por cierto, no se ha adherido al acuerdo).
  5. El impuesto aplicará sólo a las grandes compañías transnacionales y altamente digitalizadas. ¿Cuáles? ¿Cuántas son? Algunos expertos hablan de unas 100 entidades, pero no existe certeza. ¿Entrarán todos los sectores económicos? Muy probablemente no y esa discriminación será una batalla entre los diseñadores del impuesto.
  6. ¿Cómo se definirá a las compañías susceptibles de ser gravadas? Tampoco hay claridad: ¿se les considerará objeto del impuesto por su valor de capitalización bursátil o por el volumen de sus ventas globales?
  7. ¿El impuesto obligará a México a recortar su tasa a 15%? No necesaria ni universalmente. México deberá esperar las definiciones concretas sobre las empresas que serán gravadas y la forma como pagarán el tributo sobre sus ganancias en cada jurisdicción. Hay que tener en cuenta, además, que México no es sede ni corporativa ni fiscal de ninguna de las compañías globales.
  8. En otros países, el acuerdo obligará a derogar impuestos específicos. La Comisión Europea, de hecho, ya anunció que puso en suspenso la imposición de una tasa digital (que grava a Google, Facebook, Amazon y compañía) en tanto se aplica el impuesto mínimo global.

Así que los beneficios concretos en México del impuesto global son todavía un misterio. Quien diga lo contrario peca de optimismo, de ingenuidad o de ambas cosas. 

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

Lee más de este autor