La mayoría se impuso y Victoria Rodríguez Ceja llegará a la Junta de Gobierno del Banco de México. Al Senado no le correspondía definir quién gobernará al órgano autónomo.

Un pendiente menos para el Senado de la República que desde la pasada legislatura ha sido omiso en el nombramiento de tres consejeros honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; dos comisionadas y el presidente del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y tres integrantes de la Comisión Federal de Competencia, entre ellos su comisionado presidente.

La intención de la bancada mayoritaria en el Senado de la República es concluir con el proceso de evaluación antes de que concluya el año. Para la Cofece figuran como candidatos: Francisco Eleazar Castillo Cerdas, Juan Manuel Espino, Armando Cuauhtémoc González Palacios, Andrea Marvan Saltiel, Luis Horacio Reyes de la Rosa.

La lista de aspirantes al IFT está integrada por trabajadoras de esa institución: Carolina Cabello Ávila, Laura Elizabeth González Sánchez, Gabriela Gutiérrez Salas, Jrisy Esther Motis Espejel y Lorely Ochoa Monsiváis.

Hace un año, el Pleno del IFT se quedó con cinco integrantes y quedó incompleto, por la omisión de los órganos encargados de proponer y designar a dos nuevas comisionadas.

En la pasada promoción, el Comité de Evaluación no calificó con suficiencia a las aspirantes que presentaron el examen de conocimientos. Esta vez las cinco candidatas forman parte de la estructura orgánica del Instituto y tres de ellas —González Sánchez, Motis Espejel y Ochoa Monsiváis— ya habían participado en anteriores procesos por un asiento en el Pleno.

De acuerdo con fuentes internas, Carolina Cabello cuenta con el respaldo del actual presidente interino y Lorely Ochoa, del anterior comisionado presidente, Gabriel Contreras. La mejor calificada es Gabriela Gutiérrez, cuyo perfil es 100% técnico.

Quedan dos semanas para que concluya el periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, que deberá validar la propuesta que le remita el Ejecutivo federal. En febrero concluirá el periodo de Cuevas Mejía y entonces quedaría otra vacante.

Apenas tiene ocho años de vida ese órgano regulador, especializado y autónomo para el desarrollo y provisión eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. En la última etapa, el IFT ha cumplido más con funciones recaudatorias. Al cierre del tercer trimestre del 2021 había captado 141.7 millones de pesos por concepto de uso de frecuencias, aprovechamientos y trámites.

En el periodo, los altos costos por el uso de las frecuencias radioeléctricas es una bandera que han abrazado los integrantes del Pleno del IFT pues a su juicio merman los recursos que destinan los operadores para satisfacer la demanda de datos de los usuarios, lo que afecta a la calidad y disponibilidad de los servicios, frena la innovación tecnológica e impide la ampliación de la cobertura.

El fenómeno, en todo caso, no es reciente. En el 2019, uno de los tres operadores con infraestructura devolvió el espectro que ya se le había concesionado en las bandas de frecuencia de 800 MHz, 850 MHz, AWS, PCS y 2.5 GHz, con el argumento de los altos costos, y decidió arrendar una parte de esas frecuencias a otro operador para continuar con la provisión de sus servicios.

Esta maniobra implica que el Estado deje de recibir 4,500 millones de pesos anuales por el espectro devuelto.

En la última licitación de espectro para servicios móviles, hace dos meses, el IFT sólo recibió ofertas para tres de los 41 bloques subastados. Entre los 38 bloques que quedaron desiertos había uno con valor mínimo de referencia de 89 millones de pesos.

El espectro radioeléctrico caro inhibe a los inversionistas, según los comisionados, y de continuar esta tendencia podría registrarse una eventual salida de operadores de red en el mercado mexicano. Insisten en modificar la Ley Federal de Derechos para reducir los montos a pagar por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro.

Efectos secundarios

La legislación vigente permite que los alcaldes entrantes asuman sus cargos en el mes anterior al inicio de sus trienios. Y el gobernador Alfredo Del Mazo realizará un recorrido por una veintena de municipios en las próximas dos semanas, invitado por los cabildos. Al margen de estas ceremonias hay amenazas de paros y bloqueos en las oficinas gubernamentales. En Naucalpan, donde la morenista Patricia Durán Reveles entregará el mando a la panista Angélica Moya, elementos de la Dirección de Seguridad Pública tomaron la sede del ayuntamiento, para reclamar salarios caídos. También hay un boicot en ciernes en Toluca. El morenista Juan Rodolfo pasará la estafeta al priista Raymundo Martínez y también, un cúmulo de reclamos de los empleados municipales, quienes acumulan cinco meses de abonos chiquitos y reducciones injustificadas a sus emolumentos. La estrechez presupuestal también obligó a la suspensión a proveedores, propició un adeudo a la CFE y detuvo a la flotilla de patrullas y camiones de limpia. Y del aguinaldo, ni hablar. El alcalde saliente hizo una huelga en la Plaza de los Mártires, pero el gobernador le dijo que las dispersiones se hicieron en tiempo y forma, y que si Toluca no tenía dinero fue por una mala administración.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.

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