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La 4T y las burocracias

El último capítulo de la polarización en la discusión pública se centra en la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Más allá de si esto es una venganza del presidente contra la SCJN, la clave radica en la postura del presidente, quien calificó como un “pecado social” que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieran a defender privilegios y protestaran contra el recorte de 14 fideicomisos.
No es la primera vez que el presidente se refiere a ciertos grupos del sector público como “burocracias doradas”. En cierto sentido, estas existen en CFE, Pemex, NAFIN, Banobras, Banco de México y estaban en la SHCP previo a este sexenio. Pero esto tenía una razón de ser, y no, no era el neoliberalismo, sino todo lo contrario.
Cualquier estudio serio sobre el Estado, excepto quizás los libertarios, resalta la importancia de una burocracia competente, autónoma y bien remunerada para lograr una gestión efectiva. Iniciando por Weber, quien destacó el papel crucial de una burocracia profesional bien remunerada para gestionar un Estado complejo moderno. En su verdadera definición, y no la que usa el presidente, la tecnocracia es esto: servidores públicos altamente especializados, apolíticos que llevan la administración pública del Estado.
La semana pasada, en este espacio, describí cómo el decreto que busca promover las exportaciones intenta, en cierta medida, emular a los estados desarrollistas asiáticos que fueron tremendamente exitosos desde los años 70 hasta los 90. Según la literatura sobre estos éxitos, la clave fue contar con una burocracia capaz, autónoma y profesional, pero resistente a los vaivenes políticos.
En esa lógica se crearon estas “burocracias doradas”. Para atraer a la mejor gente en el Poder Judicial, la SHCP, los bancos de desarrollo o las Empresas Productivas, hay que competir con el sector privado. Aunque muchos individuos puedan darle un valor no monetario a trabajar en el sector público, debemos reducir al máximo el costo de oportunidad en comparación con el sector privado. Si queremos tener un Estado eficaz y que dirija la economía, como a veces afirma el presidente, lo ideal sería que existieran más plazas en la burocracia con buenas prestaciones y salarios.
Pero este gobierno no ha hecho más que dedicarse a destruir el incipiente avance que teníamos de esa burocracia. Empezó por reducir los sueldos y eliminar prestaciones, como los seguros médicos y de separación. De ahí han seguido acciones y dichos que no han hecho más que diezmar a nuestro servicio público. Esto ha hecho que muchos funcionarios públicos en dependencias como la SRE, SHCP o SENER, abandonen el sector público después de que nos costó enormes cantidades de dinero capacitarlos y formarlos. Burócratas que no eran priistas, ni morenistas, ni panistas, sino servidores públicos.
Ahora, la desaparición de los fideicomisos busca hacer lo mismo en Poder Judicial, que había estado blindado hasta ahora. Estos fideicomisos son parte de las prestaciones laborales de los mandos del PJ —no de los ministros— y tienen como objetivo crear burocracias fuertes, bien remuneradas y autónomas.
Sin embargo, pareciera que el objetivo de esta desaparición y de las acciones previas de este gobierno es desmantelar cualquier indicio de una burocracia autónoma y profesional, que en el fondo, es la única que puede oponerse a las ocurrencias del Palacio Nacional. Esto, quizás, será uno de los costos más altos de este sexenio, pero no lo veremos materializado sino dentro de varios años.

