Durante la última semana se intensificaron las tensiones entre los gobernadores de la Alianza Federalista y el gobierno de la 4T. A lo largo de los casi dos años de la actual administración federal se han adoptado políticas y decisiones que vulneran las capacidades financieras de los gobiernos locales y que minan las posibilidades de crecimiento económico en las entidades. Se ha instaurado un estilo de gobierno unipersonal, que concentra recursos y potestades en el titular del Ejecutivo, imponiendo voluntades sin considerar argumentos o razones. Esta disfuncionalidad política erosiona las capacidades productivas en las regiones y, por ende, en el país.

La capacidad competitiva de las economías modernas se construye en los territorios, pues es ahí en donde se asientan los agentes y factores económicos que la hacen posible. Y se requieren infraestructuras públicas y privadas en ciudades y territorios que den soporte al trabajo productivo colaborativo organizado en torno a cadenas globales de valor. No basta que los espacios de trabajo sean adecuados, es indispensable que su entorno también los sea, que las ciudades ofrezcan condiciones atractivas de vida, cubran los requerimientos indispensables para la vida moderna y cuenten con estándares internacionales de conectividad que permitan los flujos de personas, bienes e información.

Es por ello que deben replantearse las responsabilidades de los distintos ámbitos de gobierno, fortaleciendo facultades, así como capacidades financieras y administrativas de los gobiernos locales. En México, estos cambios se han dado de manera accidentada e incompleta. Entre 1993 y el 2015 los ingresos de los gobiernos locales crecieron a tasas reales de 4.8 % promedio anual, aumentando en 4 puntos su participación en el PIB (pasaron de 7.1 al 11.1 por ciento). Sin embargo, esto ocurrió reproduciendo vicios del viejo régimen (por ejemplo, fórmulas caprichosas en la determinación de los gastos per cápita en salud y educación por entidad), descentralizando recursos y no potestades tributarias. Así, en tanto alrededor de 95% de los ingresos tributarios se obtienen por gravámenes federales, los gobiernos locales ejercen cerca de un tercio del gasto total. Esta circunstancia debilita la efectividad de la rendición de cuentas de los gobiernos locales ante los contribuyentes. Deben revisarse las responsabilidades de los distintos ámbitos de gobierno, y asignar a cada uno potestades fiscales que les asignen los medios materiales para cumplir sus funciones y que refuercen la corresponsabilidad entre recaudadores y contribuyentes.

La ausencia de estos contrapesos, de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y las debilidades administrativas de los gobiernos locales, han propiciado prácticas depredadoras de los escasos recursos públicos disponibles. Entre éstas, se destacan dos especialmente nocivas: El crecimiento exponencial y sin controles efectivos de los gastos englobados en el rubro Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, cuya participación en los egresos totales pasó de 20.6 a 43.3% y el manejo desaseado en las operaciones de contratación de deuda y ejercicio de sus recursos. Un esfuerzo serio de reorganización del pacto fiscal debe contemplar estos aspectos.

A partir del 2015, los ingresos públicos en México han sido seriamente afectados; primero por el declive de la producción petrolera y posteriormente por el desplome de sus precios en el mercado internacional, y sin embargo, el gasto federalizado en los estados siguió creciendo hasta el 2018. Ya en el gobierno de la 4T, durante el 2019, empezó a mostrar números negativos, los cuales se profundizaron en el 2020 durante la pandemia y esta tendencia se hará aún más intensa en el 2021, en el cual se estima que disminuirán 5.5% adicional (ver nota de Fernando Gutiérrez en la sección Urbes y Estados, edición del viernes 30 de octubre).

Las políticas de la 4T y sus consecuencias han infringido daños considerables a las economías de los estados gobernados por los integrantes de la Alianza Federalista. El freno de facto en la reforma energética ha descarrilado inversiones multimillonarias en plantas de generación eléctrica eólica y solar. La cancelación del seguro popular y la centralización de los programas sociales han afectado los recursos públicos disponibles en esos estados y su capacidad para brindar atención a sus ciudadanos. Por otra parte, la reestructuración de las finanzas públicas federales ante la pandemia, con el objetivo de mantener a toda costa los proyectos de inversión y gasto social de la 4T, han transferido todo el peso del ajuste a los contribuyentes, que no recibirán apoyos fiscales para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, así como a los gobiernos locales.

El jueves pasado se publicaron los datos del segundo trimestre sobre la actividad económica en los estados de la República Mexicana. Las cifras registran los impactos más agudos del cierre de las actividades “no esenciales” durante los meses de abril y mayo. Baja California Sur y Quintana Roo, sede de los principales destinos turísticos internacionales del país, resintieron los daños más severos, con reducciones de 42.5 y 40.6%, respecto al mismo trimestre del año previo. En un segundo nivel de afectación, con caídas superiores a 20%, están estados en los cuales hay asentamientos importantes de fabricantes productores y exportadores de equipo de transporte y de productos electrónicos, entre ellos varios de los estados de la Alianza Federalista.

Por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Conago, el gobierno de la 4T ofreció la celebración en el 2021 de una Convención Nacional Hacendaria. Este esfuerzo debe alinearse con una reforma fiscal, pues es el marco adecuado para impulsar estos cambios (cuando la cobija crece, también lo hacen los márgenes de maniobra para impulsar modificaciones estructurales). En tanto eso ocurre, el titular del Ejecutivo debe mostrar mayor flexibilidad y capacidad de diálogo. ¿Será posible? Muy ojón pa’ paloma.

*Investigadores nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.