El crecimiento económico de México requiere del ahorro de los mexicanos. Históricamente, ha sido la insuficiencia de ahorros uno de los obstáculos que han impedido un desarrollo económico más rápido. El célebre banquero central Rodrigo Gómez solía explicar: No son proyectos de inversión viables lo que hace falta en el país, sino ahorros legítimos para financiarlos .

Una amenaza para que los ahorradores estén dispuestos a mantener sus ahorros en México es un ambiente de efervescencia social como el que ha padecido México en tiempos recientes. También es una amenaza para la permanencia de los ahorros en el país un ambiente de inestabilidad macroeconómica con volatilidad del tipo de cambio.

Pero al recuento de los peligros internos que penden sobre los ahorros hay que agregar otro que para muchos observadores sería completamente inesperado: la falta de ética y confiabilidad con la que se conducen los funcionarios de algunos intermediarios. Para muestra, un botón tristemente célebre: la Casa de Bolsa Vector y, en el orden personal, los funcionarios de esa entidad que es un peligro para sus clientes: Felipe Miranda González y su subordinada, Margarita Álvarez.

Los hechos son inaceptables y punibles por donde se les quiera ver. Esos funcionarios no sólo omiten realizar las transiciones que les ordenan sus clientes, sino que mienten en proceder (o más bien, respecto de la violación de los contratos en que se apoyan legalmente sus clientes para operar).

Pero por desgracia, el recuento de daños no se detiene en lo descrito: frente a las reclamaciones por la falta de cumplimiento de operaciones, la respuesta es francamente retadora y de una falta absoluta de vocación de servicio: ¡Si no le parece bien, pues demándenos! .

Se podrá alegar, equivocadamente, que el caso que aquí se expone es un asunto meramente privado: ¡Falso! Nada es privado, todo es público , explicaba con perspicacia el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Máxime, cuando se trata de un intermediario financiero, como la Casa de Bolsa Vector, que cuenta con una autorización de la Secretaría de Hacienda para operar. Ese intermediario se niega a cumplir legalmente la alta encomienda social que se le ha asignado: coadyuvar a un buen manejo del ahorro nacional, que más allá de la propiedad individual, conforma un bien público de todo México. El actuar de Vector es en contra de México. Así de fácil.

[email protected]