Escuelas vacías, casas sin pan: Afganistán bajo los talibán

Tras la retirada de las fuerzas militares estadounidenses y de la coalición internacional el pasado agosto de 2021, los talibán avanzaron hacia Kabul, la capital del país y retomaron el control del gobierno, al tiempo que el presidente Ashraf Ghani se refugiaba en Emiratos Árabes Unidos y el aeropuerto de Kabul colapsaba ante las miles de personas que en condición de defensoras de derechos humanos, periodistas, fixers, traductores al servicio de las fuerzas militares extranjeras o simplemente civiles y mujeres intentaban huir para salvaguardar sus vidas de las represalias de los talibán, en tanto que las prohibiciones, represión y autoritarismo de su gobierno de finales de los años 90 permanecían en la memoria colectiva de la población.

Frente al ascenso talibán, Estados Unidos y los donantes internacionales congelaron los fondos de divisas acumulados durante los últimos 20 años. Reservas que no se encontraban en el Da Afghanistan Bank (Banco Central de Afganistán) sino que estaban depositadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York; según el Fondo Monetario Internacional (FMI), ascendían a 9,760 millones de dólares para el año 2020, de los cuales, 2,000 millones de dólares se encontraban repartidos en instituciones financieras del Reino Unido, Alemania, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. La congelación de este dinero provocó la falta de liquidez y la caída libre de una economía dependiente en un 75% de la ayuda extranjera. La alta inflación, la pérdida de empleo y la escasez de efectivo ha ocasionado que el 98% de la población no pueda acceder a los alimentos y servicios básicos. Esta situación se ha agravado por los bajos niveles de comercio, el intenso invierno y una producción agrícola devastada por la peor sequía en décadas.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 24.4 millones de afganos padecen inseguridad alimentaria grave y 9 millones están en riesgo de hambruna. A pesar de esta situación, Joe Biden presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para que la mitad de los fondos congelados se destinen a las víctimas del 11/S de 2001 a modo de compensación y mantener retenido, hasta nuevo aviso, el dinero restante correspondiente a la ayuda humanitaria. Esta decisión ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos y por la diáspora afgana quienes se preguntan por qué las vidas de la población civil afgana deben seguir siendo sacrificadas por las acciones de los talibán, además consideran que ese dinero pertenece al pueblo afgano y no únicamente al gobierno en turno. Por su parte, Shaharzad Akbar, ex presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán señala que no debe perderse de vista que cualquier envío de dinero debería ser a cambio de que los talibán reconociesen los derechos civiles y políticos de las mujeres; derechos a la educación y al trabajo que fueron sepultados desde el pasado mes de agosto.

Desde entonces, las mujeres tienen prohibido continuar con su educación secundaria y según las defensoras Sahar Fetrat y Heather Barr, aquellas jóvenes de la provincia de Balkh, norte de Afganistán, que excepcionalmente han podido seguir estudiando están obligadas a obedecer duras normas de vestimenta. Solo una minoría de mujeres trabajan en el ámbito de la educación y la sanidad, el resto han sido relegadas a lo doméstico. Esto ha movilizado a las mujeres quienes al grito de “pan, trabajo, libertad” protestan en las calles a pesar de las amenazas y desapariciones que han sufrido a manos de los talibán. Decididas a no dar tregua en la lucha por recuperar sus derechos, las mujeres son la única luz que ilumina el Afganistán dolido, empobrecido y quebrantado por tanta violencia.

*Maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por El Colegio de México.

@atonalcristina1