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El salario presidencial
El presidente electo ha manifestado que se ajustarán a la baja los salarios de los servidores públicos de los niveles superiores de la administración federal (secretario y los tres niveles siguientes) con el fin de erradicar “sueldos privilegiados que están fuera de línea con la realidad salarial del país”. Para ello expresó que el salario de referencia será el suyo y que éste se reduce en 50% para quedar en 108,000 pesos mensuales. Es decir, ningún servidor público deberá tener una retribución salarial mayor a ese nivel. Se supone que es un monto neto después de pago de impuestos y contribución a la seguridad social, es decir, un salario bruto cercano a 170,000 pesos.
El Artículo 127 constitucional establece que las remuneraciones del presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores, los representantes a la Asamblea de la CDMX y los demás servidores públicos serán determinadas anualmente en los presupuestos de egresos de la Federación, de la CDMX y en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda. La ley reglamentaria de este artículo 127 es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es la que sirve de base para incluir, por ejemplo, en el presupuesto federal de egresos (PEF), el monto de los tabuladores de los servidores públicos. Dicha ley ya establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. En el 2011 el Senado aprobó una iniciativa para convertir esta ley federal en ley general de remuneraciones de los servidores públicos. Esto, entre otros temas, para incluir a los entes públicos con autonomía constitucional. Se turnó la minuta respectiva a la Cámara de Diputados, pero ésta no la ha considerado en siete años.
Puesto que ya se está elaborando el PEF para el 2019, el diputado electo Pablo Gómez urgió la semana pasada aprobar la minuta lo antes posible para que el Ejecutivo promulgue la ley. Con una próxima cámara de mayoría morenista, no debería haber obstáculos para aprobarla con celeridad y que sea promulgada todavía por Peña Nieto.
Ahora bien, aceptando que nadie debe ganar más que el presidente y que su nivel salarial es el punto de partida, surge el problema de precisar el nivel de ese salario. ¿Por qué justo 108,000 pesos? ¿Es un salario integral que imputa beneficios en especie que recibe el presidente? Todo esto es relevante pues por ejemplo un presidente —hasta ahora— no tiene que pagar por su transporte, sus comidas o renta de su casa. López Obrador no ha dicho si va a prescindir de esos beneficios. La reducción que se apresta a hacer a su propio salario debe incluir elementos de proporcionalidad respecto al siguiente nivel jerárquico inferior, tomando en cuenta que a ningún servidor público el gobierno le paga la hipoteca o renta, ni el transporte ni sus comidas.
Lo correcto sería establecer el salario de referencia con un margen que tome en cuenta esas diferencias, así como consideraciones de seguridad nacional en el caso de los órganos autónomos.
